El interventor provincial de la Junta en Almería, Juan José Castillo Gualda, ha asegurado este viernes que no se ha producido menoscabo de fondos públicos a cuenta de los cursos de formación pues cree que los expedientes "siguen vivos", a la par que ha defendido que el órgano gestor de las subvenciones "cumplió con sus recomendaciones". A su entender, los expedientes "no han prescrito" por lo que "el daño todavía no se ha producido".
Castillo Gualda, que ha sido el primer compareciente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en los cursos de formación y ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios, ha denunciado la falta de medios personales que padece la Intervención y que desde 2011 se producía un "atasco" en la tramitación de los expedientes.
Asimismo, el interventor de Almería ha rehusado pronunciarse sobre las preguntas planteadas por el PP-A acerca de la investigación judicial sobre este caso asegurando que no tiene "ningún pronunciamiento" al respecto y que serán "otras instancias" las que tendrán que responder sobre este asunto en el órgano parlamentario.
Preguntado por si "deliberadamente" el órgano gestor podría haber pretendido beneficiar a determinadas empresas, Castillo Gualda ha dicho no compartir que esto haya sido así, "no concibo que los funcionarios actúen así".
El interventor almeriense ha señalado que los errores detectados desde la Intervención han sido en vía administrativa, subsanable la mayor parte, y que no ha detectado otro tipo de errores que generen alarma: "faltaba este documento u otro, pero no hemos visto otro tipo de situaciones".
De la misma manera, ha advertido de que cuando empezaron a trabajar con estas subvenciones "novedosas" a los funcionarios les faltaba cualificación, "no estábamos muy preparados" en la Intervención, si bien ha explicado que llevaron las labores de control a cabo gracias a las instrucciones de la Intervención General de la Junta.
Castillo Gualda ha concretado que en la Intervención de Almería trabajan siete funcionarios, la mayoría de categoría C, lo que es, a su juicio, insuficiente para asumir "el gran volumen de trabajo" que llegaba y analizar expedientes, más de 20.000 en general, entre ellos los de la formación, en muchos casos, con "más de mil documentos".
El interventor ha asegurado que es la persona "menos relacionada" con los expedientes que investiga la comisión dado que tuvo estas competencias durante el 2012, mientras que se investiga un periodo que comprende desde 2002 y que en 2013 las competencias se traspasaron al SAE.
Ha explicado que la fiscalización de las subvenciones se correspondían a tres momentos, antes de la concesión, antes del pago y después del pago, cuando se justificaba documentalmente el empleo de la subvención, y que en algunos pasos "faltaba documentación, se detectaron irregularidades o había algunos incumplimientos" y eso, ha asegurado, "lo hemos reflejado en cada informe". "Muchos expedientes incumplían una serie de documentación y otros algunas incidencias", ha añadido.
Además, ha señalado que las incidencias coincidían en las formas como llegaban los expedientes, "muy desordenados o con fotocopias o CDs sin compulsar". "Analizando toda esta documentación no hemos podido decir que indubitadamente se cumplía la legalidad por el formato en el que se había presentado", ha agregado.
No obstante, ha aclarado que la falta de documentación que la intervención puede detectar puede deberse en ocasiones a que "son expedientes que han viajado mucho y, aunque en una revisión no hemos encontrado la documentación que faltaba, esto no quita que esté como dicen en las alegaciones".
Castillo Gualda ha asegurado que ha acudido a la comisión sin recibir ninguna instrucción ni recomendación "de nadie", tras haber sido preguntado por si algún cargo había contactado con él antes de acudir a la comisión.
PSOE-A: "EL PP-A HACE UN USO TORTICERO"
Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha centrado su turno de preguntas en interpelar al interventor sobre la investigación judicial, en gran parte sobre las declaraciones que en sede judicial hizo el interventor responsable del control financiero en todas las empresas y agencias públicas de la Junta, Ignacio García Revilla.
De su lado, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha censurado la intervención del PP-A, ya que, a su juicio, "no es oportuno que traigan a colación documentos judiciales". Para los socialistas, los populares están haciendo "un uso torticero" de las causas judiciales en el Parlamento y también están "amedrentando al compareciente", por eso le ha reclamado ser "más respetuoso con la justicia y con los comparecientes".
Juan Ignacio Moreno Yagüe, por parte de Podemos Andalucía, ha centrado sus intervenciones en intentar ser "lo más claro posible" para que todos los andaluces puedan comprender las explicaciones del interventor, y se ha interesado por conocer cuándo tuvieron las primeras alarmas o por el plan organizativo. Además, ha la puesto en valor el trabajo de los funcionarios, por la carga de trabajo con el poco personal con el que cuenta la Intervención.
Por Ciudadanos (C's), Marta Bosquet ha preguntado al interventor almeriense detalles concretos sobre la fiscalización previa de los expedientes, para conocer cuáles son las responsabilidades concretas de cada nivel de la Junta en este asunto, y se ha interesado también por el plan anual de auditorías.
Por su parte, la parlamentaria de IULV-CA, Elena Cortés, ha considerado que el interventor ha "minusvalorado" su propio informe en el que denunciaba muchas irregularidades y en el que posteriormente no aceptó las alegaciones del órgano gestor. Ha recordado que esta comisión se celebra por la "incapacidad" del PSOE-A de hacer un relato "transparente, claro y entendible" al pueblo andaluz y por "haber mirado para otro lado". Además, ha criticado que las comparecencias no se retransmitan por Canal Sur y que no ha llegado aún toda la información requerida.
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