Los arrestados presentaban las supuestas ofertas de trabajo a través de una sociedad cooperativa ficticia dedicada al comercio ambulante con sede en Salamanca y presidida por un español, informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
Este individuo contaba con el apoyo de varias personas para la “captación de clientes”, tanto en sus países de origen como en territorio español.
Las solicitudes presentadas por este grupo eran inviables y sólo las tramitaban para justificarse ante las víctimas, con lo que la Administración siempre denegaba los permisos de residencia y trabajo.
Para dar credibilidad a la gestión de la cooperativa, los detenidos habían fijado falsos domicilios sociales situados en viviendas alquiladas o locales vacíos, de diversos puntos de España.
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