La juez de Sevilla que investiga la gestión que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), dependiente de la Junta, realizó de 185 millones de euros de los fondos europeos Jeremie concedidos a distintas empresas entre los años 2007 y 2013, ha rechazado la solicitud de personación en la causa de la agencia IDEA y ha admitido por el contrario la de Manos Limpias como acusación popular previo pago de una fianza de 1.000 euros que le impone a fin de "evitar la instrumentalización e ideologización" de una causa que "tiene claras connotaciones políticas".
En un auto fechado el 3 de diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 5 señala que, "con carácter genera y por razones de seguridad jurídica, la personación en la causa penal debe responder a algún 'status' procesal de los legalmente previstos", añadiendo que, en el caso de IDEA, "la finalidad de prestar la máxima colaboración con la justicia para el esclarecimiento definitivo de los hechos investigados no justifica la personación".
Al hilo de ello, la juez considera que "tal intención no confiere a esta entidad pública ninguna de las posiciones procesales legalmente previstas, constituyendo una obligación de todo ciudadano y entidad, pública o privada, que no amerita ni justifica personación, prestar la máxima colaboración requerida por los jueces y tribunales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Española".
De otro lado, y en relación a la petición de personación como acusación popular de Manos Limpias, la magistrada dice que, "no teniendo la consideración de ofendidos por los hechos denunciados, procede la fijación de una fianza" de 1.000 euros "como requisito previo y necesario para ser tenida como parte".
Manos Limpias recurrió este auto dada la fianza impuesta, pero la juez ha dictado una nueva resolución de fecha 25 de febrero en la que rechaza dicho recurso porque la cuantía establecida "no constituye obstáculo alguno para el acceso de los ciudadanos al proceso penal en este caso, pues se considera de todo punto proporcionada y asequible, teniendo en cuenta la anticipada estimación de las costas procesales y el carácter colectivo de quien se propone ejercitar la acción popular".
De este modo, la instructora recuerda que las presentes diligencias previas "están recién incoadas" a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción a partir "de otra causa distinta e independiente" que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 16, como son las irregularidades en Invercaria, "que no debe prejuzgar ni ser tenida en consideración a estos efectos, puesto que si ha sido separada y repartida a este Juzgado es" porque la Fiscalía y el juez de esa otra causa "han coincidido al considerar que no guardan relación de conexidad".
"FRENO A LA ACUSACIÓN CALUMNIOSA"
La juez señala que, en esta causa, "no se han practicado otras diligencias que un cruce de informes y alegaciones" entre el grupo especializado de la Policía Judicial e IDEA, "sin que hasta este momento se haya dictado auto de procesamiento ni otra resolución similar o se haya dirigido el procedimiento contra persona física o jurídica alguna".
De igual modo, la juez argumenta que la exigencia de fianza a Manos Limpias "obedece claramente a las finalidades que reconoce el Tribunal Supremo" en su sentencia de 22 de mayo de 1992, "muy específicamente, a la finalidad de constituir un freno a la acusación calumniosa, tratando de evitar la instrumentalización e ideologización" de una causa "que tiene unas claras connotaciones políticas, tratando así de impedir que pueda ser utilizada por cualquier persona individual o colectiva a favor o en contra de un grupo político o institución del Estado, lo que se justifica en cualquier tiempo, pero mucho más en la presente coyuntura política nacional".
Con ello, la juez "no quiere insinuar" que Manos Limpias "pretenda la personación en la causa con una finalidad espuria, cuestión que desde ahora se descarta, pero como cualquier persona física o colectiva actúa motivado por intereses particulares, por mas dignos y legítimos que estos puedan ser, que no tienen por qué representar los intereses de toda la ciudadanía", agregando que "la defensa de la legalidad y el ejercicio imparcial y objetivo de la acción penal es función que tiene encomendada por mandato constitucional el Ministerio Fiscal".
"PROCESO INTERMINABLE"
"Piénsese en la hipótesis de que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que se arrogaran la defensa de la legalidad y de los intereses colectivos desde sus respectivas ideologías pretendieran ejercitar la acción popular sin ningún tipo de filtro: el resultado sería, sin duda, un proceso interminable y de todo punto contrario al principio de economía procesal que rige el ordenamiento", dice la juez.
Cabe recordar que el Ministerio Público elevó un escrito al juez de Instrucción número 16 en el que le pedía que desgajara la investigación sobre los fondos Jeremie de la relativa a Invercaria y remitiera a reparto el atestado elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en relación a dichos fondos.
En este atestado, los agentes llegan a determinadas conclusiones sobre estos fondos a raíz del análisis de las ayudas otorgadas a Kandor Graphics S.L., dedicada a la producción y realización de películas de cine y que recibió cinco millones de euros de los fondos Jeremie.
EL ATESTADO
La UDEF explica que, en España, "no hay un acuerdo de financiación Jeremie a nivel nacional, pero sí de distintas regiones a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)", de manera que "para desarrollar Jeremie las distintas comunidades autónomas han ido inscribiendo acuerdos con la Comisión Europea".
"Andalucía fue la segunda en inscribirlo", dicen los agentes, que destacan que "el fondo Jeremie Andalucía, el de mayor dotación, se firmó en febrero de 2009 y fue el mayor de Europa. Ponía a disposición 235 millones de euros, 165 de ellos, el 80 por ciento, financiado por el FEDER y el 20 por ciento restante por la Junta".
Así, el fondo Jeremie fue desarrollado en Andalucía por IDEA, después de que el 24 de febrero de 2009 suscribiera junto con la Consejería de Economía y Hacienda el Acuerdo de Financiación del Instrumento Fondo de cartera Jeremie previsto en el programa operativo Feder Andalucía 2007-2013, mediante el que se establecían las normas reguladoras de la actuación de IDEA como entidad gestora del fondo.
17 EMPRESAS
Los agentes dicen haber localizado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) la contestación del Consejo de Gobierno a una pregunta escrita relativa a fondos Jeremie para proyectos empresariales de fecha 16 de septiembre de 2010.
Así, el entonces consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, manifestaba en esta contestación que "con cargo a la iniciativa Jeremie, a fecha 28 de julio de 2010, se habían incentivado 17 proyectos" por importe total de 62 millones de euros, proyectos entre los que se encuentran Kandor Graphics --cinco millones--, Urende --12 millones-- o Bogaris Retail 5 --diez millones de financiación "conseguidos en siete días", destacando que su apoderada era la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz--.
"Es destacable que de las 17 empresas que aparecen en el listado del referido documento, una es un empresario individual, dos tienen el domicilio social fuera de Andalucía --por lo que no serían seleccionables para el programa Jeremie--, una no tiene inscripciones en el Registro Mercantil desde 2010 y hasta el día de la fecha diez han solicitado concurso de acreedores", asevera la UDEF.
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