Los jueces que detecten riego de exclusión social para las personas más vulnerables en ejecuciones hipotecarias o desahucios podrán suspender el alzamiento de conformidad con las leyes procesales, según el convenido firmado hoy por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la FAMP
La presidenta de la Junta, Susana Díaz; el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, han suscrito hoy este acuerdo que permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tener acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios.
Cuando el juez detecte situaciones de riesgo lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el alzamiento, de conformidad con las leyes procesales, ha informado hoy la Junta en un comunicado.
El convenio incluye un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones.
La primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales, pero se adoptarán además otras para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.
Para desarrollar las actuaciones, la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial.
En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del alzamiento y de la dirección de la vivienda.
Esta Consejería informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia.
También organizará actividades formativas y de divulgación del convenio, fomentará la colaboración con abogados y procuradores en esta materia, y adoptará medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.
La FAMP se compromete a promover la adhesión al convenio de las entidades locales, a facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
Los datos hechos públicos por la Junta indican que desde el 2012 ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, siendo Andalucía la "única" comunidad que ha paralizado desahucios en el parque público de viviendas para evitar situaciones de exclusión social.
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