La Delegación municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos ha pedido “paciencia” a los proveedores cuyas deudas no serán atendidas con los 4,3 millones de euros que recibirá el Consistorio para el pago de sentencias judiciales firmes, ya que la prioridad será atender las sentencias que quedaron recogidas en un documento aprobado en el Pleno en agosto pasado.
Aunque de momento el Ayuntamiento no ha recibido formal u oficialmente la resolución de la transferencia de esos fondos de liquidez extraordinaria que concede el Estado a través del Gobierno central, la Delegación de Hacienda está convencida de que se podrá atender casi todas las sentencias en firme, lo cual, además, supondrá eliminar las multas coercitivas que venían sufriendo personalmente tanto el alcalde, Isidoro Gambín, como la propia delegada municipal de Hacienda y Personal, María José González Peña, precisamente por no atender los requerimientos de pago de los juzgados. El hecho que el Ayuntamiento reciba 4,3 millones de euros de liquidez extraordinaria supondrá la aceptación de un plan de ajuste que será vigilado escrupulosamente por el Estado a través del Ministerio de Hacienda.
Ese plan de ajuste, no en vano, fue aprobado también en el Pleno cuando se presentó la relación de proveedores que han ganado su petición de pago en los juzgados ya con una sentencia en firme. A su vez, el plan de ajuste significa la eliminación de los gastos que el Ayuntamiento considere superfluos y la reducción de la plantilla municipal, dos medidas que ya formaban parte del programa electoral de los socialistas y que teóricamente ya se vienen aplicando.
La delegada del área entiende que ese esfuerzo de contención del gasto ya es una realidad palpable en el Ayuntamiento desde hace meses, afectando a la totalidad de las delegaciones. Sin embargo, espera que los ciudadanos de Arcos entiendan y comprendan ese esfuerzo que lleva aparejadas medidas antipopulares. González Peña considera que a pesar de la reducción del gasto público, la ciudad sigue recibiendo los servicios básicos, aunque adelanta que irán reduciendo servicios de manera progresivas para ir avanzando en el plan de ajuste económico, el cual -insiste la concejala- será controlado especialmente por el Ministerio de Hacienda para que se cumpla el objetivo de la estabilidad presupuestaria.
La Delegación tiene previsto celebrar una reunión con los empresarios y particulares beneficiarios del cobro de sus deudas para informarles de la situación y de los plazos.
María José González Peña espera que el esfuerzo de contención del gasto público que realiza el Ayuntamiento sirva para que se pueda acoger a futuras órdenes de pago que partan del Gobierno central mediante nuevas líneas de ayuda, con lo cual el Ayuntamiento seguiría adelante con el proceso de pago de deudas con proveedores, de los que asegura están soportando la difícil situación económica del Ayuntamiento. En este sentido, aseguró que la única posibilidad de pago “a corto plazo” es ir utilizando los fondos que de forma regular transfiere al municipio la Junta de Andalucía.
Mientras tanto, la Delegación espera que el Ayuntamiento reciba en breve la resolución que concede 4,3 millones de euros al municipio. El Ayuntamiento, que teóricamente estaría cumpliendo su plan de ajuste, se podría acoger a los fondos de cohesión del Gobierno central para pagar también deudas de Seguridad Social, Hacienda, etc., con lo cual podría ver desbloqueado el cobro de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que significan medio millón de euros mensuales para el Ayuntamiento.
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