El Servicio Andaluz de Salud (SAS) volvió a acaparar durante 2014 una gigantesca porción de toda la partida movilizada por la Junta para formalizar contratos a través de adjudicaciones a empresas. De hecho, de los 1.973 millones de euros que la Administración autonómica autorizó para pagos a proveedores externos, sólo esa agencia pública absorbió casi el 58%, por encima del listón de los 1.132 millones.
Aunque la cifra concuerda con el peso de la Consejería de Salud en los Presupuestos anuales, el desglose de esos datos revela, sin embargo, que el procedimiento utilizado no es el más recomendable. Según la Memoria de Contratación Pública de 2014, la última disponible hasta el momento, el SAS incurrió de nuevo durante ese ejercicio en un pecado administrativo que ya le costó un severo tirón de orejas el año anterior: el desorbitado uso que realiza de la contratación menor. El informe elaborado por la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, concluye que la agencia recurrió a esa modalidad de licitación en un 86,7% de las ofertas propuestas. Fue el formato utilizado en 47.368 de los 54.584 contratos a los que estampó el sello de autorización la Consejería de Salud. Usando esa modalidad, el SAS adjudicó en 2014 contratos por valor de 535 millones, casi el 73% de los 739 que aglutinó toda la Junta.
La Cámara de Cuentas ya alertó en su informe de fiscalización de 2013 de que ese organismo encabezaba, con diferencia, la lista de entidades que más abusaban de esa práctica en todo el entremado de entes públicos de la Junta. Aquel año se alcanzó un abrumador 98% que después se ha corregido a la baja, pero esa reducción no convence aún. Hay otro dato concluyente: los contratos menores firmados por el Servicio Andaluz de Salud durante el año 2014 equivalen al 70% de todos los tramitados por la Junta de Andalucía a través de sus consejerías y su maraña de agencias, entes instrumentales y sociedades mercantiles en las que participa en mayor o menor grado.
¿De qué alertaba en 2013 la Cámara de Cuentas? La preocupación, constatada año tras año, emana de la propia naturaleza del formato. La contratación menor puede utilizarse siempre que el servicio o el producto que se pretenda adquirir no supere los 18.000 euros, un límite ampliable hasta los 50.000 en el caso de que implique acometer una obra. Hasta ahí ninguna colisión con la estricta Ley de Contratos del Sector Público si no fuese porque por las rendijas de la normativa se cuela la picaresca. Además de atenerse a esas cantidades, los contratos menores permiten a la Administración regatear el complejo proceso de adjudicación ya que ni siquiera existen pliegos de condiciones. Tampoco es necesario aplicarles los principios de publicidad ni de libre concurrencia que afectan a los de mayor cuantía. En muchos casos, alerta también la Cámara de Cuentas de Andalucía en su último informe, ni siquiera aparecen más ofertas que la que resulta al final ganadora en el proceso.
A la empresa adjudicataria se le reclama poco más que demostrar capacidad para prestar el servicio y no arrastrar deudas con la Hacienda Pública. ¿Dónde se esconde entonces la duda? Los órganos de fiscalización temen que, con el abuso de ese procedimiento, la Administración acabe adjudicando casi a dedo, con el vencedor elegido de antemano. En 2013 se advertía incluso de que se producían sospechosas fragmentaciones de servicios en el SAS en distintos contratos para que, divididos, ninguno superara los 18.000 euros.
Un modelo demasiado extendido...
Aunque la Cámara de Cuentas puso en 2013 el foco sobre el SAS y el SAE, el recurso del contrato menor está extendido en todo el laberinto administrativo de la Junta. Las cifras de la Administración regional en su conjunto se mueven también sobre el 85% con la única excepción de las sociedades mercantiles, que lo utilizan sólo al 50%. Consejerías y entidades instrumentales lo superan con creces.
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