Así, el Defensor, quien entregó la pasada semana a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, un manual para orientar la intervención de las administraciones en procesos de jurisdicción civil relativos a personas con algún tipo de enfermedad mental, afirmó que la “falta de coordinación” intersectorial existente en estos casos conlleva que este colectivo “deambule por las distintas administraciones sin encontrar solución a su problema”.
“De este modo, nos encontramos con que personas con algún tipo de discapacidad derivada de problemas psíquicos encuentren finalmente la calle como destino pasando periodos transitorios en las Unidades de Agudos de los Hospitales, en definitiva, lo que se conoce como enfermos de puertas giratorios”, explicó.
Para mejorar la respuesta a este colectivo -que en Andalucía tiene una prevalencia de 2,9 personas de cada diez- Chamizo insistió en que hay que asegurar que los servicios sociosanitarios garanticen su derecho a la protección y a la salud y que las medidas legales que se adopten para su protección hagan posible el ejercicio de sus derechos constitucionales, para lo cual es “imprescindible” contar lo antes posible con un diagnóstico preciso de la enfermedad o discapacidad que tienen y la posible incapacidad inicial o de futuro.
Tal y como explicó, fue la detección de estas circunstancias la que empujó a la Fiscalía de Incapaces de Sevilla -provincia en la que comenzará a aplicarse este protocolo para extenderse durante este año al resto de Andalucía- a dirigirse a la institución para elaborar esta guía, en la que han intervenido, además, los Juzgados de Familia, Salud Mental, la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem), la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
Las incapacidades
Así, en cuanto al procedimiento sobre la capacidad de las personas y tutelas, define la persona que puede ser declarada incapaz, la finalidad del procedimiento, su funcionamiento, la intervención de los distintos agentes judiciales y, por último, la reversibilidad de la medida con la mejor solución en el procedimiento. Una atención “especial” merecen los casos que afectan a menores, por lo que la institución dedicará una publicación exclusiva a este tema.
Además, otro de los aspectos interesantes de la guía, según indicó el asesor del Defensor del Pueblo Andaluz en el área de Inclusión Social y coordinador de la guía, Alfredo Castillo, son los ingresos involuntarios, estableciendo los requisitos mínimos y exigibles y las garantías de derechos que deben acompañar a la persona internada.
También contempla los posibles cambios de situación en los ingresos, ya que son muchas las situaciones en que las personas entran de forma involuntaria y posteriormente exigen medidas de sujeción. Igualmente, están recogidos en este epígrafe los ingresos en centros residenciales o el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad cuando ésta no presten su consentimiento.
Son, asimismo, objeto del protocolo, las personas sometidas a procesos penales tras el cumplimiento de las penas o medidas de seguridad en instituciones penitenciarias cerradas. En este caso, según apuntó, se observa que la salida de las instituciones penitenciarias conlleva “dificultades añadidas” cuando la persona presenta un trastorno mental grave y no cuenta con recursos para reiniciar una vida en libertad.
Por ello, es “necesario incrementar el nivel de coordinación entre los dispositivos internos y externos, sobre todo, cuando el cumplimiento o la medida aplicada se ha realizado en el centro psiquiátrico-penitenciario”, señaló.
situación en las prisiones
La guía del Defensor del Pueblo Andaluz cobra especial relevancia cuando se habla de enfermos mentales privados de libertad. Así según un informe realizado por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Apdha-A, las personas con enfermedad mental recluidas en centros penitenciarios de Andalucía sufren la “vulneración de su derecho a la atención sanitaria”, que se traduce en “pérdida de citas por retrasos, falta de asistencia médica especialista en el interior de las cárceles o graves problemas de coordinación” entre los profesionales del Ministerio del Interior, el SAS y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de la que dependen estos servicios.
Según apuntó la coordinadora general de la Apdha-A en Andalucía, Isabel Mora, las denuncias enviadas a la asociación por parte de presos y familiares sobre la sanidad en los centros penitenciarios andaluces “son alarmantes” y demuestran el “fracaso de las políticas sociales y sanitarias” en la región.
Como ejemplo citó que el 38% de las citas sanitarias concertadas por enfermos mentales recluidos en la prisión de Sevilla II durante el pasado año 2008 se perdieron debido a los retrasos producidos en la programación de las mismas, con “consecuencias muy graves para su salud”.
Según la ONG, en las prisiones andaluzas existe una “sobre representación” de personas enfermas en comparación con la población libre. Así, señaló que el 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave (1.340 internos) y el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad (6.700 presos), por lo que la prevalencia dentro de prisión es siete veces mayor que en la sociedad.
Por otro lado, a esta situación le añaden que muchos de los presos que siguen un tratamiento farmacológico en prisión, “al salir en libertad, no contactan con los equipos de salud mental de la Junta de Andalucía, por lo que, si no pueden valerse por si mismos, quedan abandonados a las puertas de la cárcel”.
Salud destaca la disposición de la Junta
La consejera de Salud, María Jesús Montero, tras la presentación del informe de la Apdha-A sobre la asistencia sanitaria en las cárceles, puso en valor el trabajo de los profesionales sanitarios en la atención a reclusos en cárceles, a las que en ocasiones se han tenido que desplazar, apuntando que siempre ha habido una clara disposición de la administración autonómica para contribuir a mejorar la salud de los internos.
Tras precisar que la única administración competente en la atención, incluida la sanitaria, a los presos en cárceles andaluzas es el Ministerio de Interior, señaló que, no obstante, desde la administración andaluza se ha querido contribuir a mejorar la asistencia a esas personas a través de convenios con el citado Ministerio que permite que reclusos con alguna dolencia puedan acudir a centros sanitarios de la comunidad para ser atendidos o que profesionales sanitarios se trasladen a las prisiones para atenderlos.
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