La Agente Local de Empleo (ALPE) que demandó al Ayuntamiento de Cádiz por despido improcedente ha desmentido las palabras de la concejala de Fomento, Laura Jiménez, que aseguraba “haber restituido los derechos que le fueron arrebatados por el anterior equipo de Gobierno”. Según la denunciante, “lo que ha contado Laura Jiménez no es correcto. Todas las sentencias y requerimientos mandados al Ayuntamiento y al juzgado no se han ejecutado”. Desmiente también que se le haya abonado la cantidad de 76.055,77 euros: “No hay ingreso ninguno ni aparece esa alta en la vida laboral”.
La agente local de empleo demandó en 2012 al Ayuntamiento por un despido improcedente; demanda “que gané en el Tribunal en Sevilla y que el Instituto de Fomento y Empleo recurre y acude al Tribunal Supremo en Madrid en el mes de junio del pasado año”, cuando ya gobernaba Podemos con Ganar en Común. La denunciante añade que “desde el primer momento he intentado contactar con la concejala y con el alcalde y el único que me ha atendido ha sido Martín Vila”. No obstante, le decían que estaban trabajando en favor de la readmisión, mientras que “los procedimientos judiciales seguían adelante y demostraban lo contrario”. Para la afectada, el Gobierno local “aplica la reforma laboral que tanto critica para no readmitirme”, cuando tiene todas las sentencias (tanto en Sevilla como en Madrid) a su favor para ser readmitida desde el pasado mes de octubre.
De ahí a diciembre ha requerido al juzgado de primera instancia de lo social en varias ocasiones que se ejecutara la sentencia y al final tuvo que “llegar a la ejecución forzosa”.
La afectada añade que el 9 de diciembre debían comunicar cuándo se reincorporaba a su puesto y “en lugar de eso el abogado del IFEF aparece con dos fotocopias del BOP para justificar que si el presupuesto se reduce en un 20%, el Ayuntamiento no contrata a nadie más”, es decir, optaban por “acogerse a esa prerrogativa de la administración e indemnizarme”.
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