El Ayuntamiento de Huelva ha recurrido la sentencia judicial que le obliga al pago de 2,2 millones de euros a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) por incumplir el convenio de la antigua cárcel, declarado Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía.
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), ha informado hoy de este extremo y ha precisado que el recurso se basa en cuestiones como dirimir sobre la jurisdicción competente, si es la contencioso-administrativa o la civil, o sobre la incapacidad o capacidad del Ayuntamiento de abonar la deuda pendiente.
Como ha recordado el alcalde, el convenio suscrito en 2006 entre el Ayuntamiento de Huelva e Instituciones Penitenciarias, que da origen a la demanda por la que ahora se condena al Consistorio, establecía la cesión al Consistorio del edificio de la antigua cárcel de Huelva, y lo propio, por parte de éste, de una parcela de 3.624 metros cuadrados para la construcción de ese centro de inserción, además del pago de unos tres millones de euros.
Cruz ha indicado que el convenio se suscribió en la etapa del PP y que el actual equipo de gobierno "está estudiando la procedencia o no de la cantidad a pagar" y ha incidido en que a él "particularmente" le parece "excesiva", por lo que aboga por una revisión del acuerdo.
Y es que, según ha apuntado, el acuerdo se realizó "sin consignación presupuestaria y sin revisión de la tasación por parte del Ayuntamiento".
El alcalde ha querido disociar este asunto, motivado por el "incumplimiento sistemático" del abono a la SIEP de lo comprometido por el Ayuntamiento durante "unos nueve años", de la multa coercitiva que se ha impuesto al Gobierno por el abandono de las instalaciones de dicho edificio.
"El estado de la antigua prisión de Huelva es insostenible, genera riesgo desde el punto de vista de la salubridad y la seguridad y es responsabilidad del Ayuntamiento instar a que se adopten las medidas oportunas, porque además tiene ocupantes", ha indicado.
Asimismo, ha precisado que "no se tiene la idea de decir voy a sancionar por sancionar", se abrió un expediente que fue notificado a la SIEP y que "ésta asumió pues solicitó una prórroga del plazo concedido para acometer las actuaciones; es cuando se excede ese tiempo cuando se le abre expediente sancionador que es lo que procede porque lo que está por encima es el general".
Por último, el alcalde ha precisado que "mientras haya abierto un procedimiento judicial cabe la figura de la transacción; el acuerdo siempre es posible, y siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Es fundamental resolver, más allá de expedientes sancionadores y demandas, el dar una salida a ese edificio porque tiene mucho que ver con el futuro de Huelva".
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