El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha evitado que se perdieran durante 2015 en la provincia 70.432 horas de trabajo por huelgas entre enero y noviembre gracias a la mediación. En concreto, en siete de los 11 procedimientos tramitados efectivamente previos a la huelga, y que implicaban a 2.228 trabajadores y 24 empresas, se logró acuerdo, lo que ha supuesto un 64 por ciento de avenencias.
En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, ha recalcado "la importante labor" que este servicio ha desarrollado durante los últimos años y que se ha traducido en más de 2,6 millones de horas evitadas de huelga en la provincia desde el año 2000, lo que ha repercutido "directamente" en la actividad de 8.321 empresas y 101.000 trabajadores.
En este sentido, ha argumentado que la Junta de Andalucía mantiene su apuesta por "el diálogo social" para resolver conflictos que puedan darse como consecuencia de la situación económica actual y ha pedido a empresarios y sindicatos "implicación y compromiso" para, precisamente, "garantizar la paz social y el mantenimiento del empleo mediante el consenso y el diálogo".
En total, el Sercla ha tramitado de forma efectiva 36 expedientes de conflictos colectivos laborales que afectaban a 5.916 trabajadores y 53 empresas desde que ha comenzado el año, de los cuales se ha resuelto con acuerdo 13 de los casos. De estas avenencias se han beneficiado 30 empresas y 3.128 trabajadores de la provincia.
Por tipo de conflicto, el organismo adscrito a la Junta recibió un mayor número de expedientes con casos previos a la vía judicial (61%), seguido de los casos previos a huelga (31%), en tanto que los restantes correspondieron a otros procedimientos.
En cuanto a las motivaciones, el 58% de los que se tramitaron de forma efectiva correspondieron a las diferencias en la aplicación e interpretación de convenios colectivos, el 22% trató sobre la aplicación e interpretación de normas laborales, en tanto que el resto respondió a la negociación del convenio (14%), al impagos de salarios (3%), y a la modificación de las condiciones de trabajo (3%).
Respecto a las principales actividades económicas que protagonizaron los expedientes, un 22% corresponden a la industria manufacturera, un 19% al transporte y almacenamiento, un 14% a las actividades administrativas y servicios auxiliares, un 11% a las actividades sanitarias y de servicios sociales, un ocho por ciento tanto a construcción como a la administración pública, un seis por ciento a las actividades de suministro de agua y otro 6% a la educación, y un tres por ciento a la hostelería y también al comercio al por mayor.
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