La Junta de Andalucía ha constituido la Comisión de Planificación y Seguimiento de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 que la UE ha destinado a Cádiz, el primer paso para gestionar los 387 millones de euros de financiación europea que administrará el gobierno andaluz.
A través de esta ITI puesta en marcha por la UE, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo económico y la creación de empleo en la provincia con mayor tasa de paro, la UE destinará entre los años 2014 y 2020 un total de 1.287 millones de euros, de los que 900 serán gestionados por el Gobierno central y 387 por la Junta de Andalucía.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que con la constitución de la Comisión de Planificación y Seguimiento de la ITI se da el "primer paso" para la ejecución de una "oportunidad" para el desarrollo económico de la provincia.
Este órgano colegiado, que será presidido por el vicepresidente en su calidad de titular de consejero de la Presidencia y Administración Local, y tendrá como vicepresidente al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, será el encargado de aprobar los proyectos y actuaciones que se desarrollen en el marco de este instrumento de financiación de la Unión Europea.
Jiménez Barrios ha recordado que la ITI supone "una medida excepcional, acordada conjuntamente entre la Junta y el Gobierno central con la Unión Europea para una situación excepcional", como es la elevada tasa de desempleo de Cádiz
"Es la primera vez que la provincia de Cádiz tiene la oportunidad de hacer una estrategia conjunta de planificación económica", ha apuntado Jiménez Barrios, que ha abogado por "implicar a todos" los agentes involucrados para "gestionar bien estos recursos".
Cambiar el modelo productivo, incrementar la capacidad de la provincia en materia de exportación e internacionalización y diversificar su economía son algunos de los objetivos de estos fondos.
La Junta ya ha aprobado en su presupuesto para el 2016 una partida de 78,7 millones para potenciar una serie de proyectos consensuados entre los agentes sociales y económicos, como la Universidad o las grandes empresas.
La creación del Centro de Fabricación Avanzada de la aeronáutica en el Puerto de Santa María, que gestionarán las grandes empresas del sector aeronáutico y naval; el Centro Especial Biomédico o el Centro Empresarial de Transferencia del Conocimiento entre el mundo empresarial y la Universidad, serán otras de las iniciativas impulsadas dentro de esta ITI, así como la implantación de una oficina de Extenda en el Campo de Gibraltar.
Proyectos de la industria cultural, como el Teatro Romano de Cádiz, el Museo de Camarón o de Paco de Lucía, o del ámbito agroalimentario como la iniciativa tecnológica del sector vitivinícola o la mejora de los regadíos de los Llanos de Villamartín, son otros de los proyectos contemplados.
El vicepresidente andaluz ha explicado que se trata de "una diversidad muy grande de iniciativas" que tienen un nexo que les une: "incrementar la competitividad de la provincia de Cádiz, la capacidad industrial y ser capaces de aumentar las exportaciones, que incrementen el PIB provincial e invertir los datos de desempleo".
Es "una oportunidad no podemos dejar de aprovechar", ha insistido.
En la Diputación Provincial de Cádiz, donde el Gobierno central ha propuesto ubicar la Oficina de la ITI, los grupos políticos del PSOE y PP se han cruzado hoy acusaciones mutuas.
El popular José Loaiza ha acusado a la presidenta de la Diputación, Irene García (PSOE), de no querer "entenderse" con el gobierno central "para hacer política partidista sobre estos fondos" con la Junta, mientras que la socialista Ana Corredera le ha acusado de querer "embarrar".
"La sola insinuación de que la gestión de la ITI pueda derivar en un supuesto caso de fraude de fondos europeos, tal y como ha dicho textualmente esta misma mañana, supone toda una demostración de la nula lealtad del portavoz del PP respecto a esta Diputación y a esta provincia", ha afirmado para pedirle que no siembre dudas sobre un instrumento que debe "desarrollarse en un clima de consenso".
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