La Fiscalía Anticorrupción ha elevado un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que reitera su petición para que impute en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos a 12 miembros del comité de empresa de Mercasevilla que "negoció" los ERE de 2003 y 2007 de la lonja, entre ellos el presidente del comité, Rafael Domínguez.
En un escrito de 5 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recuerda que, el 15 de octubre, pidió la práctica de una serie de diligencias relacionadas con la investigación de la ayuda recibida por Mercasevilla, "sin que hasta la fecha, y a pesar del dictado de resoluciones posteriores, conste a esta Fiscalía se haya dictado resolución expresa que resuelva de manera directa sobre su admisión y pertinencia, no constando asimismo siquiera su unión a las actuaciones".
En una providencia, de 21 de enero y consultada por Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla informa a la Fiscalía de que dicha petición "se resolvió por auto de 21 de diciembre de 2015", en el cual, no obstante, únicamente señaló que, "a la vista de lo solicitado" por el Ministerio Público, "se acordará en las presentes diligencias previas".
Y es que la Fiscalía solicitó que, "para avanzar en la determinación de los hechos y las personas responsables", se tome declaración como imputados, "condición procesal de mayor garantía de sus derechos de defensa", a estos 12 miembros del comité de empresa de Mercasevilla, que habrían sido miembros del comité de empresa "que negoció los dos ERE, la financiación y las condiciones de las pólizas con la dirección de la empresa".
LA PETICIÓN DE ANTICORRUPCIÓN
De igual modo, reclamó a la juez que forme una pieza separada de enjuiciamiento relativa a las ayudas con fondos públicos "ilícitamente recibidas por Mercasevilla para financiar la firma de pólizas colectivas de seguros destinadas a los trabajadores acogidos" a los dos ERE que se prejubilaron, "entre los cuales había personas ajenas a la empresa y otras que notoriamente no cumplían los requisitos para ser incluidos".
La Fiscalía pidió asimismo que, en el testimonio que se acuerde, se incluyan las declaraciones ya prestadas por imputados en estos hechos, como los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas o el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Por último, el Ministerio Público interesó que se requiera a la aseguradora Generali-Vitalicio para que, en relación con la póliza colectiva suscrita el 16 de noviembre de 2007 y sus suplementos, informe de la identidad y del pagador, origen bancario de los pagos recibidos, así como fechas de los mismos y cantidad abonada de la prima hasta la fecha.
La Fiscalía se pronunció de este modo después de que, en un escrito fechado el 29 de julio de 2015, Mercasevilla, personada como acusación en el caso, pidiera a la juez que tomara declaración como imputados por los ERE de la lonja a una treintena de personas, algunas ya investigadas, como Guerrero, Rivas, Mellet o Ponce, pues a su juicio podrían haber incurrido en delitos de malversación y prevaricación.
En su escrito, Mercasevilla subrayaba el "relevante" papel desarrollado por el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, dada "su participación y liderazgo en las reuniones con los trabajadores para informarles incluso respecto de las secuencias actuariales de Vitalia".
PAPEL "DECISIVO"
En este sentido, Mercasevilla resalta el papel "decisivo" de Rafael Domínguez "en la negociación del listado de trabajadores que se iban a prejubilar, que tenían que tener más de 50 años", a lo que se suma que "no denunció ante los tribunales la inclusión del intruso Garrido Santoyo cuando la conoció", y que "manifestó a los trabajadores y al Consejo de Administración que el ERE de 2007 contaba con la financiación de la Junta".
"Y lo que es más grave, en la documental aportada e incorporada consta que Domínguez ha admitido sin reparos que 'propuso la inclusión del trabajador irregular Rivera Martín en el ERE de 2007, y que lo propuso incluso por escrito', así como que mantuvo públicamente y ante los trabajadores y 'mantiene la legalidad del ERE'", asevera Mercasevilla, que agrega que Domínguez "tiene datos y documentos que demuestran el compromiso de financiación de la Junta y hasta la existencia de pagos por parte de la misma".
En el escrito, Mercasevilla también pidió a la juez que tomara declaración como testigos a 70 trabajadores afectados por los ERE de 2003 y 2007 de la lonja.
La acusación que ejerce la Junta, en un escrito consultado por Europa Press, se opuso a las diligencias solicitadas por Mercasevilla en base a que la Junta "sólo ha financiado la póliza de rentas suscrita en beneficio de los trabajadores afectados por el ERE de 2003".
LA JUNTA "SÓLO HA FINANCIADO" LA PÓLIZA DEL ERE DE 2003
"La Junta no ha financiado ni ha abonado nada en relación con la póliza suscrita en beneficio de los trabajadores afectados por el ERE de 2007", subraya la Administración autonómica en su escrito, en el que añade que la causa tiene por objeto "la averiguación de los hechos constitutivos de delito, en concreto de la existencia de los llamados intrusos en pólizas financiadas por la Junta, por lo que todo lo acontecido en relación con el ERE de 2007 no forma parte de esta instrucción, por más que los directivos de dicha entidad actuaran ilegalmente también en ese ERE".
Al hilo, precisa que el ERE de 2007 "es objeto de averiguación en otras diligencias previas que se tramitan ante el mismo Juzgado de Instrucción en la causa" del delito societario de Mercasevilla, señalando que, "dado que la representación procesal de Mercasevilla no distingue entre quienes participaron en uno y otro ERE, así como de quienes se beneficiaron en uno y otro caso, no es procedente acceder a la práctica de las diligencias solicitadas".
En este sentido, y en relación con la diligencia de nuevas imputaciones solicitada por Mercasevilla, aclara que tanto Guerrero como Rivas, Mellet y Ponce "ya están imputados en la presente causa y han declarado judicialmente precisamente por su participación en los hechos en relación" con la lonja.
En relación al resto de nuevas imputaciones interesadas, la Junta dice que, "con excepción de la de Rafael Domínguez, que igualmente consideramos improcedente, no se justifica en modo alguno por qué han de ser traídos a la causa en calidad de imputados, pues ni siquiera se menciona aún de forma mínima cuál habría sido el carácter y grado de su participación en los hechos".
Centrándose en el presidente del comité de empresa, la Junta asevera que "no procede su imputación" porque "el hecho de haber sido presidente del comité no es título suficiente para su imputación", ya que "se desconoce la fecha en la que ha desempeñado la función sindical, siendo este dato relevante según lo expuesto acerca de la financiación exclusiva del ERE de 2003".
"CONTROVERSIAS LABORALES"
Además, la Junta señala que, de los expedientes y la documental obrante en autos, "no se deduce ni expresa ni tácitamente que dicha persona hubiese participado en la obtención ilícita de fondos públicos", a lo que se suma que "las controversias laborales entre la empresa y los trabajadores ya han sido dirimidas ante la jurisdicción social, precisamente a favor de éstos".
"Si esta persona contribuyó o no en la inclusión de un intruso en el ERE de 2007, en concreto de Antonio Garrido Santoyo, como hemos dicho en otras ocasiones, se trata de un hecho que no afecta a la responsabilidad que pudiera determinarse en esta causa", asevera la Junta.
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