Hubo un tiempo en el que formar parte de la plantilla de una empresa pública garantizaba la estabilidad laboral sin apenas sobresaltos en la larga senda hacia la jubilación, pero el azote de la crisis y las dentelladas de las últimas reformas laborales han erosionado ese mito. Lo sufren ya los primeros trabajadores despedidos en Andalucía por Tragsa (Empresa de Transformaciones Agrarias), un gigante nacional integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que desde finales del pasado año ejecuta el que los sindicatos denuncian que es el mayor ERE de la historia reciente de España en una empresa pública y con el que, cuando lo culmine, habrá adelgazado su plantilla en casi 1.400 empleados en el país.
La batalla se remonta a 2013, cuando Tragsa desveló sus intenciones alegando pérdidas achacables a su peculiar sistema de gestión: trabaja sólo por encomiendas de gestión (encargos directos) de las administraciones públicas, sin operar para empresas privadas, de forma que el parón brusco en inversiones decretado por el Gobierno central en los peores años de la recesión mermó su actividad y destrozó su cuenta de resultados. Se redactó el ERE pero la plantilla ganó la partida ante la Audiencia Nacional, aunque sólo de manera temporal porque el Tribunal Supremo decretó el pasado octubre que el recorte era legal y la maquinaria de despidos se reactivó.
Tragsa sostiene unas 400 nóminas en Andalucía (casi el 10% de las 4.500 en toda España) y estaría planeando prescindir de unas 150 (49 en la matriz y el resto en la filial Tragsatec), aunque los pronósticos más pesimistas elevan la cifra hasta 170. De hecho los primeros ocho empleados ya han sido invitados a dejar la empresa pública: uno en Almería, dos en Granada, dos en Sevilla y 3 en Huelva, curiosamente la provincia que más carga de trabajo añade al grupo en Andalucía.
La cifra la aporta a este medio Antonio Tomás Martín, representante de CSIF en el comité de empresa de Tragsa en Andalucía y miembro también del comité intercentros. El viernes estuvo en Antequera, donde la plantilla regional decidió sumarse a la convocatoria de paros el 26 de enero y 3 de febrero. Será, asegura, la forma de protestar por una catarata de despidos que como el resto de sindicatos considera “desproporcionada y fuera de lugar”.
El primer argumento al que se aferra la empresa, el económico, no convence. Martín denuncia que el grupo, con una facturación el pasado año que habría sobrepasado los 600 millones (entre 150 y 200 en Andalucía) y unos 10 millones de beneficio, “no puede guiarse por los números de 2013, cuando había pérdidas”. Las cifras no convencen porque los representantes de los trabajadores intuyen que han sido condicionadas por el Gobierno central. “Como trabajamos sólo para la Administración, cortan el grifo de encargos, el volumen de facturación cae y así pueden justificar el ERE”, denuncian.
Formas “poco adecuadas”
Las quejas salpican también a las formas utilizadas. CSIF, como también CCOO y UGT, denuncia que los empleados conocieron que no debían reincorporarse al encontrar a finales de diciembre en sus cuentas bancarias un ingreso inesperado que no era otra cosa que el finiquito. En la comunicación del despido, a la que ha tenido acceso Viva, se informa también del criterio utilizado para la elección de los puestos “excedentarios”, como los denomina Tragsa. En ese cuadro, con un peso del 55% sobre el baremo final, aparecen factores tan subjetivos como la “implicación” o el “compromiso” en la consecución de objetivos. “No hay un criterio lógico. Los directores de zona dicen a quién se echa y a quién no... No es normal en una empresa pública”, denuncian. Y lo peor, temen, es que la lista de nombres señalados crecerá.
Te vas como fijo, vuelves quizás... como eventual
El subterfugio es poco ético aunque desde hade años legal y de él se han servido las empresas privadas durante los últimos años gracias a las grietas ensanchadas por la reforma laboral: se despide al personal fijo que acumula más antigüedad -y por extensión es más costoso- y se le ofrece pasado un tiempo reincorporarse en peores condiciones laborales y, sobre todo, salariales.
Ha sido norma común en todos los sectores productivos en plena crisis, pero la diferencia es que a Tragsa, protestan los sindicatos, se le supondría algo más de decoro en la protección de su plantilla por su condición de empresa pública.
Fuentes de CSIF han confirmado a este medio que tras el despido a los empleados se les sugiere de forma explícita la posibilidad de ser reclamados de nuevo, y sacados de las listas del paro, aunque las condiciones se negociarían de nuevo... a la baja. “Se les dice que se les puede volver a contratar cuando haya demanda de trabajo. Esto no es otra cosa que incorporar gente formada a bastante menos precio, y eso se llama precarización”, aventura Martín.
El criterio elegido tampoco se sostiene a su juicio: “Abaratar costes podría hacerse despidiendo a los que más ganan, pero es que lo están haciendo con ingenieros técnicos que con 15 0 20 años de experiencia, algunos a punto de jubilarse, que ganan 30.000 euros, quizás menos que en la empresa privada... Aquí no estamos hablando de sueldos de 80.000 euros”, lamenta. Las miradas, en tiempos de penurias y recortes, se vuelven entonces contra la cúpula: “Hay mucha gente, peces gordos, directivos, de los que desconocemos su sueldo. El presidente de la empresa, por ejemplo, gana 180.000 euros, cuando Rajoy sólo 78.000...”.
La empresa, por su parte, replica que el Tribunal Supremo avala la legalidad del ERE en la resolución del 20 de octubre del pasado año, comunicada posteriormente en noviembre. En las cartas en las que transmite a los empleados su despido, y a la que ha tenido acceso este medio, expone una triada de argumentos complementarios para fundamentar la necesidad de prescindir de personal: la caída de ingresos en el periodo 2011-2013, el desplome en los beneficios y una reestructuración interna. Los últimos datos que facilita Tragsa son los del tercer trimestre de 2013 (la fecha en la que comenzó a tramitarse el expediente) y revelan un desplome del 33,5% en las ventas respecto al mismo periodo de 2011 y unas pérdidas de 9,3 millones.
Una amplia cartera de servicios
Tragsa y sus filiales funcionan en exclusiva por encargos o encomiendas de gestión de las administraciones (la estatal pero también la Junta de Andalucía). Opera con una amplia cartera de servicios en el sector agrario, medioambiental y de emergencias. Su personal ha acometido en los últimos meses, por ejemplo, trabajos en redes de regadíos y caminos de toda la comunidad, pero también aporta, entre otros, el personal que sirve de guía en el Parque de Doñana. Su filial Tragsatec se encarga de facilitar soluciones tecnológicas al área de Justicia, o de gestionar las lonjas de Huelva y Málaga.
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