Popularmente es conocida como ‘la oficina del paro’ y no como oficina de empleo. La lexicografía popular siempre es sabia y llama a las cosas por su nombre. Así lo respalda al menos las estadísticas publicadas por el INE en las que se confirma algo que no se le escapa a nadie. El antiguo Inem, hoy Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal), es un servicio de conteo del número de parados y de tramitación de prestaciones, pero no una oficina para encontrar empleo de forma efectiva para las personas que han perdido el suyo.
Según el INE, solo un 2 % de los parados que encontraron trabajo lo hizo gracias a la mediación de los servicios públicos de empleo. El resto, bien lo encontró gracias a la mediación de empresas privadas de colocación, o bien, como explica Alberto a la puerta de la oficina del SAE de Madre de Dios en Jerez, “por amigos, contactos y enchufes, que saben que están parado y te llaman para trabajar como un favor personal”.
Detrás de la realidad que describe este joven de 29 años, se esconde un colapso de los servicios públicos de empleo, que no son capaces de atender a la ingente cantidad de parados. Las oficinas de los servicios públicos de empleo ven pasar día a día colas de parados que acuden a ellas no ya con la esperanza de encontrar allí un empleo con el que salir de su situación, sino para ‘sellar el paro’. Una liturgia mensual que en diciembre siguieron 184.269 parados gaditanos. “En tres años, solo he recibido una oferta de trabajo del Inem, y no me cogieron”. Alberto asiste con desesperanza mes a mes a su crónica particular del desánimo: “no es por no querer trabajar y no buscar trabajo. He trabajado de lo que ha salido. De camarero, de instalador de aires acondicionados, estuve trabajando de albañil antes de la crisis. Pero ahora no hay manera de meter cabeza”.
Ahora los servicios públicos de empleo se encargan de tramitar prestaciones, pero no de mediar entre la oferta y la demanda de empleo: no conectan las vacantes de las empresas con el remanente de parados que acumula la provincia, toda Andalucía y el conjunto de España.
Con una situación así cabe preguntarse: ¿urge una reforma de los servicios públicos de empleo? ¿Qué está fallando en el SEPE? ¿Realmente no se genera empleo? ¿Qué papel tienen las empresas privadas de colocación en el mercado de trabajo español?.
La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-Andalucía), Nuria López, tiene clara cuál es la respuesta. “Los servicios públicos son más necesarios que nunca”. Pero la política laboral aplicada en los últimos cuatro años por el ahora Gobierno en funciones ha ido en la línea contraria, según López: “el problema que vemos que tiene el Sepe es que tiene una escasa inversión y escasos recursos humanos y materiales; especialmente en los años de crisis y de políticas del PP, se ha producido un brutal recorte en las políticas destinadas a los servicios públicos de empleo. Y esto ha hecho que en tiempo de crisis, cuando hay más gente en paro, se tenga que atender a más personas en paro y además haya menos recursos para atender”.
A la luz de los datos proporcionados por el Sepe, la inversión pública en políticas de empleo, tantos activas como pasivas, se ha recortado entre 2011 y 2016 un 37,4 %. Ese descenso está compuesto por una bajada de la dotación pública para prestaciones: en 2011, los Presupuestos Generales del Estado destinaban a prestaciones para parados 32.556 millones de euros. En 2015, 25.022. Y para este 2016 se prevé destinar menos aún, 19.539, teniendo en cuenta que, a pesar de la puntual bajada de la tasa de paro registrada en el pasado mes de diciembre, el empleo que actualmente genera el mercado de trabajo español es precario y temporal. Por lo que quien ahora trabaja, puede necesitar una prestación cuando pierda su empleo en pocos meses.
La formación duerme
“Aunque se ha recortado, también es cierto que, por ejemplo, en el caso del Gobierno andaluz, desde el año 2011 no se está realizando ningún tipo de política formativa para las personas desempleadas. Y eso va a ser un lastre para Andalucía, porque va a tener una población parada que no va a estar preparada para trabajar. Y eso lleva el sello del Gobierno de España pero también del Gobierno andaluz”, sentencia López.
Los recortes se han producido en prestaciones,pero también en formación. Desde 2011, el Estado y las Comunidades Autónomas han dejado de invertir en formación para el empleo un 24,7 % de fondos públicos. Y no solo eso, sino que el conjunto de recursos de los que dispone de media cada parado andaluz (entre dinero para prestaciones, recursos humanos, materiales, formativos e indirectos), ha pasado de unos 8.000 euros en 2011 a menos de 5.400 en 2016.
En su lugar ese dinero se está destinando, según la secretaria de Empleo de CCOO-Andalucía a “financiar a las empresas privadas de colocación”. Es decir, desde 2015, los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida para financiar a las empresas de trabajo temporal (ETT) y otras empresas privadas que se dedican a gestionar perfiles profesionales de trabajadores que luego venden a empresas que los demandan. Son esas empresas privadas las que ahora están supliendo la función que antaño cumplían los servicios públicos de empleo. A esas empresas el Estado dio en 2015, 140 millones de euros, y para este 2016, la partida presupuestaria ha subido hasta los 175 millones.
“Lo que intentan esas empresas privadas de colocación es romper el sistema público de empleo porque pueden obtener de ahí cuota de negocio”, y así lo respaldan los datos de la dotación presupuestaria que proporciona el Sepe.
La tendencia de brazos caídos que lleva exhibiendo el antiguo Inem desde el comienzo de la crisis de 2008 responde a “una privatización encubierta de los servicios públicos de empleo por parte del Gobierno del Partido Popular”. Una operación a la que subyacen, según CCOO, “intereses ideológicos”.
¿De dónde viene el dinero?
El actual sistema público de empleo, del que forman parte tanto la administración central como las comunidades autónomas, se financia gracias, en su mayor parte, a las rentas del trabajo, a la cotización de todos y cada uno de los trabajadores que tributan a la Seguridad Social.
Desde 2011 a 2016, la mayor parte de esa financiación procedía de las rentas del trabajo a pesar de los altos índices de desempleo, que por cierto se han dejado notar también: en 2011, 21.247 millones de euros obtenidos de las nóminas de los trabajadores se destinaron a las políticas tanto activas como pasivas de empleo. En 2015, 19.243. Y en este 2016 se prevé que la contribución de los trabajadores vuelva a subir hasta los 20.331 millones de euros.
Pero el dinero que viene de las rentas del trabajo se está trasvasando “a las rentas del capital”, detalla a Información Nuria López, por medio de esa financiación de las empresas privadas de colocación y también por medio de los incentivos a la contratación que el Estado da a las empresas privadas para que contraten a trabajadores, en lugar de exigir por ley un aumento salarial y una mejora de las condiciones laborales.
Objetivo europeo
¿Por qué en España los servicios públicos de empleo no sirven para dar empleo y en el resto de Europa sí?. Para López la respuesta está en la cultural empresarial: “este país tiene una cultura empresarial un poco arcaica”, argumenta la secretaria de Empleo. Y ahí está la raíz de que el Sepe ahora vaya perdiendo potestad para conectar la oferta de empleo con la demanda: “cuando una empresa saca una oferta en los servicios públicos, tiene que cumplir unos requisitos mínimos de igualdad, no discriminación y retribución suficiente. Eso lo garantiza el servicio público. Y las empresas no están acostumbradas a ser modernas. Buscan el beneficio a corto plazo y por eso entran en juego las ETT”.
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