Cuatro meses después de ver la luz en el Parlamento de Andalucía y casi tres desde que arrancó sus trabajos, la comisión que debe depurar responsabilidades políticas sobre el supuesto fraude de los cursos de formación de la Junta arroja un raquítico balance. La reunión convocada este miércoles, la primera tras el parón decretado para que no se viera embarrada durante la campaña del 20D, se encargó de ratificar que la investigación no será recordada precisamente por su celeridad. De hecho, cuando concluyó y se abrieron de nuevo las puertas de la sala, el único acuerdo que habían logrado consensuar los representantes de los cinco partidos regula cómo acceder y manejar los millones de folios que dan forma a los expedientes solicitados a la Junta, la mitad de ellos sin llegar aún al Parlamento.
La gestión de esa desbordante montaña de documentos es clave para la comisión, pero el interés político -y mediático- pone sin embargo el foco en la identidad de los futuros comparecientes. Tanto el PP como Podemos certifican que apuntarán lo más alto posible y eso implica, por lógica, que quieren escuchar la versión que pueda ofrecer del caso la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz. Pero para que eso suceda deben aún regatear un gran obstáculo: no hay fecha, ni parece que la haya a corto plazo, para poder comenzar a solicitar comparecencias.
Toda la oposición coincidió este miércoles en reclamar que se pueda confeccionar ya la lista con los nombres de quienes estarán obligados a desfilar frente a la comisión. En el otro extremo, el PSOE no quiere visualizar de momento la imagen de su jefa de filas contestando preguntas embarazosas -aunque asume que ocurrirá tarde o temprano- y por ello considera “precipitado” plantear siquiera esa posibilidad cuando aún quedan “miles y miles de folios por analizar con toda la seriedad”.
Esa estrategia podría comenzar a desmoronarse el próximo martes. En la reunión -presidida por la primera autoridad del Parlamento, Juan Pablo Durán, al afectar directamente a la Cámara el procedimiento de consulta de la catarata de documentación- se acordó que el día 19 los cinco grupos políticos acudan con una propuesta para debatir si dar un paso hacia delante y avanzar hacia una nueva fase. Eso podría traducirse en comenzar a trabajar sobre las solicitudes de comparecencias en paralelo al estudio de los documentos, pero la posibilidad es tan ambigua que ni siquiera el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos) quiso aventurar si saldrá adelante, y mucho menos calcular plazos exactos para escuchar a los primeros citados. “Debería votarse”, advirtió, y “de momento no hay ningún criterio” claro.
Duras críticas
Las escasas novedades que arrojó la reunión tan sólo establecen que los miembros de la comisión podrán, por fin, fotocopiar los documentos para su consulta fuera de la sala, pero tendrán que ser asistidos por el personal de la Cámara para garantizar el carácter confidencial de los expedientes, así como su regreso al lugar de origen. También se concede que los asesores de los cinco grupos políticos accedan a la información.
Teresa Ruiz Sillero (PP) capitaneó las críticas al intuir la “mano negra de Susana Díaz” tras la lentitud con la que se suministran los expedientes y los obstáculos a su comparecencia inmediata. Podemos, por su parte, cree “inoperante” la comisión e ironiza con la lentitud en el manejo de la información -“como si se trasladasen diamantes”, censuró Moreno Yagüe- mientras IU teme que se viva una “historia interminable”.
Dos versiones en Ciudadanos
Complementarias o no, los representantes de C’s arrojaron dos versiones sobre los retrasos. Si el presidente de la comisión, Julio Díaz, dudaba de la excesiva lentitud e incluso llegaba a considerar que los trabajos “avanzan razonablemente bien”, su compañera de formación y miembro del mismo órgano, Marta Bosquet, reclamaba en público “más celeridad” y veía a C’s dispuesto a “cambiar de fase e iniciar comparecencias”.
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