El diputado provincial de Izquierda Unida, Antonio Alba, ha mantenido esta mañana un encuentro con la secretaria provincial de Comisiones Obreras Cádiz, Lola Rodríguez y con el secretario provincial del Sindicato de Industria de CCOO, Jesús Serrano, de cara a consensuar el contenido de una moción que llevará IU al próximo Pleno de la Diputación en contra de la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal por el que cerca de 300 sindicalistas y trabajadores se encuentran en procesos judiciales por su participación en movilizaciones para defender los derechos de los trabajadores. Entre estos muchos sindicalistas se encuentran los ocho trabajadores de Airbus Getafe citados a juicio oral para principios de febrero y a los que la acusación pide ocho años y tres meses a cada uno de ellos por su participación en la huelga general de 2012, así como algunos sindicalistas de la provincia de Cádiz.
Alba ha señalado hoy que “no se puede criminalizar al trabajo sindical ni a los trabajadores que están defendiendo la dignidad” y ha lamentado que esta situación se esté dando “en un país en el que a los trabajadores se les ha quitado todo, se les ha reducido los salarios, se ha condenado a más de cinco millones a estar en el paro, se ha condenado a la juventud de este país a buscarse la vida al extranjero, por lo que no entendemos que se pueda criminalizar y se quiera procesar a personas que lo único que hacen es luchar por la dignidad de la clase obrera y de los trabajadores”.
La moción que IU registrará hoy mismo en la Diputación Provincial pedirá al Pleno la “derogación del mencionado artículo 315.3 del Código Penal y/o de trámite a la mayor brevedad a las peticiones de indultos correspondientes”. Asimismo, pide que se inste “a la Fiscalía y a las acusaciones particulares a la retirada de las peticiones de condena de todos los trabajadores procesados bajo este artículo”, además de “expresar la solidaridad con todos los trabajadores sometidos a procesos judiciales o condenados por participar en movilizaciones en defensa de sus derechos laborales y libertades sindicales”.
Tanto el diputado de IU como los dirigentes provinciales de IU recordaron que hacía al menos 35 años que no se aplicaba este artículo hasta que comenzó a aplicarse en el año 2010. Según apunta la moción, el artículo en cuestión tenía como objetivo original el de “sancionar a las empresas que atentaban contra los derechos laborales” y recuerda que “un cambio posterior, produjo la paradoja de condenar a sindicalistas por atentar contra esos derechos cuando lo que hacían era defenderlos” y añade, “recientemente, el citado artículo ha sido modificado de nuevo para conceder a la judicatura la potestad de cambiar las penas de prisión por elevadas multas”. La Fiscalía pide un total de 120 años de cárcel para los cerca de 300 sindicalistas procesados en España por participar y ejercer el derecho de huelga, en aplicación del mencionado artículo. IU apunta asimismo, que los primeros casos de condenas a prisión han comenzado ya a cumplirse en Arcelor (Gijón).
A juicio del diputado de IU, “nos encontramos ante un grave atentado contra los derechos de los trabajadores, especialmente al derecho de huelga”, lo que precisa, según entiende, de una respuesta social e institucional.
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