El caso de los ERE de Andalucía cumple este mes cinco años de instrucción judicial y con todo aún por decidir respecto al manejo de los fondos públicos destinados a empresas en crisis, sin que siquiera se haya fijado una fecha para enjuiciar algunas de las partes en las que se ha dividido la causa.
El caso de los ERE, con más de 250 imputados, lo empezó a instruir la juez Mercedes Alaya cuando dirigía el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que abandonó en junio del año pasado para ocupar la plaza que solicitó en la Audiencia de Sevilla.
Durante la instrucción del caso, Alaya envió a prisión a más de una decena de acusados, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, aunque actualmente no hay nadie preso por esta causa.
Otro de los que estuvo en prisión fue el exdirectivo de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual, encarcelado entre marzo y julio de 2013 y el único de los imputados que está fugado de la Justicia.
Desde junio del 2015, se hizo cargo del juzgado María Núñez Bolaños, que dividió el caso, en contra del criterio de Alaya, en seis piezas piloto, una relativa a 52 políticos de la Junta -con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre ellos-.
Los 52 responsables políticos serían, según la juez, los que crearon y pusieron en marcha el denominado "procedimiento específico" desarrollado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre el 2001 y el 2010, que sumaron 855 millones de euros.
La división en piezas se hizo, según argumentó la juez, con intención de agilizar la causa y con la idea de que este año se pudieran celebrar los primeros juicios y se conocieran las primeras sentencias, que servirían de base para el resto del caso.
En diciembre pasado, la juez Núñez decidió, para dar celeridad a la causa, ceder las seis piezas piloto al magistrado de apoyo del juzgado, Álvaro Martín, lo que ha respaldado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y está pendiente de que confirme el Consejo General del Poder Judicial.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha recurrido ante la Audiencia los nuevos autos de división en piezas del caso y ha dejado patente su distinta visión respecto a la de la juez de cómo se debe continuar con la instrucción.
Entre las vicisitudes registradas en esta instrucción se incluye el protagonismo que desde noviembre de 2014 tuvo el Tribunal Supremo por la presencia de aforados en el caso, lo que se prolongó hasta el 8 de octubre pasado tras la renuncia de los acusados a su escaño.
El magistrado que ha instruido el caso ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, pidió al tribunal que tramitase el suplicatorio ante el Parlamento para inculpar al expresidente de la Junta de Andalucía Chaves y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.
El aquel mismo acto inculpó al también expresidente Griñán, aunque no solicitó el suplicatorio contra él porque en aquel momento ya había renunciado a su condición de senador.
El suplicatorio se pedía para todos por prevaricación administrativa y, en el caso de Viera, además por malversación.
Mientras se dilucidan aspectos como el reparto del caso, el juzgado mantiene la instrucción, con citaciones para los días 12 y 13 de enero de representantes de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
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