Es lo que pasa en una institución que se niega a modernizarse. Si un agente de la Guardia Civil lucha por sus derechos laborales y demanda más medios humanos y materiales para mejorar el servicio público que desempeñan de cara a la seguridad de los ciudadanos, generalmente sale escaldado y con un expediente bajo el brazo. Pero si un agente, un brigada de la Guardia Civil, a través de las redes sociales se declara franquista, facha, misógino, antisemita, niega el holocausto y “otras tantas aberraciones”, pues se le ofrece “unas vacaciones pagadas”. Hablamos, claro está, el tristemente famoso, Brigada Jarque.
Una situación intolerable que no ha dudado en volver a denunciar la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, que es la que cuenta con más asociados tanto en España como en la provincia de Cádiz, donde ejerce su labor el Brigada Jarque.
Así, la AUGC recuerda que “ya hace seis meses que saltó a la luz pública las presuntas actividades del Brigada de la Guardia Civil que a través de la red social Twitter se había autodeclarado orgulloso facha, haciendo apología, además, de su fascismo, xenofobia, misoginia y otras tantas aberraciones con las que el funcionario público había adornado su timeline desde la creación de su cuenta”.
Pero “a pesar de lo mayúsculo del escándalo, a fecha de hoy, la única actuación de la Guardia Civil para con el supuesto autor de tan infames mensajes, ha sido gratificarlo con unas vacaciones pagadas de tres meses de duración”. Y es que “el susodicho Brigada estuvo separado cautelarmente de su destino durante los meses de julio, agosto y septiembre, cobrando íntegramente su sueldo, no sabemos, si con la intención de que dejando transcurrir el tiempo pudiera ser que se olvidaran del caso o incluso que con un poco de suerte, le llegara la jubilación por edad, eso sí, sin mancha en su expediente. Con esa medida, se aseguraron de que el Brigada Jarque, conocidísimo en el colectivo de guardias civiles por haber hecho la vida imposible a miles y miles de alumnos en la Academia, después de cerrar su cuenta en Twitter, se ocultase de los focos el tiempo suficiente para que pasase la tormenta mediática”.
Tras las “vacaciones pagadas” como castigo, el suboficial en cuestión continúa en su puesto desde el mes de septiembre, siendo “la mano derecha de un capitán que tiene entre los agentes a sus órdenes, a 16 guardias civiles dados de baja por motivos psicológicos, el 90 por ciento de los Puestos cerrados por falta de personal, que actúa con arbitrariedad a la hora de conceder comisiones de servicio, y que sólo en su ámbito territorial ha promovido, participado o impulsado hasta 21 expedientes disciplinarios, logrando un inusual récord al conseguir aumentar las sanciones a guardias civiles en los tres últimos años un 6.000 por ciento respecto a los 10 años anteriores”.
Desde AUGC Cádiz, que denunció los hechos en cuanto supo de la existencia del perfil público del suboficial, se temía que “existiera el riesgo de que la latente simpatía que la vieja guardia mantiene sobre elementos radicales del fascismo, hicieran por entorpecer, dificultar, o cuando menos encubrir, comportamientos que a ellos pudieran parecerles incluso correctos, pero que a todas luces, son intolerables en un funcionario público, y que además es agente de la autoridad portador de armas de fuego”. Por esa razón a finales del mes de julio, la AUGC se personó ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital gaditana como acusación particular.
En la actualidad el asunto penal se encuentra a la espera de que se decida a quién corresponde la competencia. En cualquier caso, el comportamiento del autor de los tuits, “de demostrarse su responsabilidad, es ya de por sí, incompatible con la condición de Guardia Civil, por ser contraria a los valores democráticos que todo militar debe prestar bajo juramento”.
Por tanto, La AUGC pide a la Guardia Civil que actúe de manera “ejemplarizante contra comportamientos de este tipo, a la vez que hacemos una llamada de atención sobre la agilidad y presteza de la que hace gala cuando se trata de sancionar a los agentes de empleos inferiores”.
La AUGC defiende que, al menos mientras el asunto siga judicializado, “el principal encausado sea apartado de sus responsabilidades ya que no es admisible que permanezca ligado a uno de los escalones del mando impulsor de las recientes sanciones disciplinarias. Su sola presencia invalida la credibilidad de toda una Institución que queda en entredicho ante la posibilidad de que esta persona esté utilizando su influencia para actuar contra los miembros de la AUGC que lo denunciaron”.
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