Granada es la ciudad de Andalucía que recibe mayor subvención pública para el mantenimiento de su sistema de transporte público, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), con 8,7 euros, que suponen 5,5 euros de diferencia con la que menos recibe, que es Almería.
En una nota de prensa, la asociación ha denunciado que ese reparto "no es homogéneo y genera desigualdad entre los habitantes", ya que el principal criterio de reparto es el déficit que soporte el sistema de movilidad urbana de una ciudad. "Por tanto, se da la paradoja de que cuanto más dinero pierda el servicio, más subvención recibe", critican.
A este respecto, el déficit pesa un 85 por ciento en el reparto, mientras que los otros tres criterios "teóricamente más valorables" como son la longitud de la red, el déficit por viajero y los criterios medio ambientales, representan sólo un 5 por ciento, respectivamente.
Tras Granada, Sevilla es la ciudad con una mayor subvención media por habitante, con 7,8 euros; seguida de Cádiz, con 6,2 euros; Málaga, 5,3; Córdoba, que recibe 3,6 euros por habitante; Jaén, con 3,1 euros; Huelva, con 2,5; y la mencionada Almería, que recibe 2,2 euros por habitante.
A la vista de los datos, aunque las competencias sobre el transporte público estén transferidas a las comunidades autónomas, la patronal insiste en que "es imprescindible la creación de una 'ley paraguas' que establezca un marco regulatorio común para que el país pueda garantizar a todos los españoles, vivan donde vivan, un servicio tan esencial como la salud o la educación".
"No se trata de que haya una bajada en las ciudades que reciben ahora más subvención, ya que cuanto más grande sea la ciudad, más compleja es su realidad y mayores sus necesidades, sino de que el reparto sea más equitativo", han señalado.
Desde la asociación también han apuntado que "si bien es cierto que España cuenta con uno de los sistemas de transporte público más eficaces de Europa en lo que a infraestructuras y funcionamiento se refiere", hay un aspecto en el que los países del entorno llevan ventaja, ya que España "es el único de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público".
"Actualmente, no existe una asignación clara de los recursos económicos lo que provoca que además de situaciones viciadas como la descrita, la financiación resulte difícilmente previsible y con ello la ejecución de políticas programadas. De hecho, los ayuntamientos no conocen las cifras que el Estado va a reflejar hasta finales de año, cuando los presupuestos municipales ya han tenido que estar elaborados", han denunciado.
En este sentido, la ausencia de legislación provoca, a su juicio, que "no haya una ordenación de los recursos y que, por tanto, no esté establecido qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y el Estado".
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