La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desgajado en seis procedimientos diferentes la causa contra las últimas cúpulas de la organización terrorista ETA que abrió su antecesor en el juzgado, Juan Pablo González, por un delito de "lesa humanidad", al considerar que no existe "ningún nexo de conexidad" entre los distintos atentados investigados.
A instancias de la Fiscalía, la nueva titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado un auto en el que señala que la causa que se pretendía instruir persigue delitos que "han sido o están siendo objeto de investigación por distintos juzgados en relación a distintas personas, en distintos periodos y por medios diferentes", lo que desaconseja "su conocimiento en una única causa".
En su auto la magistrada señala que esta decisión es fruto de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde el pasado 6 de diciembre, que establece expresamente como norma general que "cada delito dará lugar a la formación de una única causa", a excepción de los que puedan considerarse "conexos".
Estos delitos únicamente serán investigados y enjuiciados en la misma causa, según la nueva norma, "cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso".
LOS ÚLTIMOS ATENTADOS
De esta forma, Lamela envía a los Juzgados Centrales de Instrucción números 1, 3, 4 y 6 las actuaciones que había abierto González por "lesa humanidad" en relación con los atentados que costaron la vida al guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de 2008; el brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre de ese año; el empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipuzkoa) en diciembre; el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Bizkaia) en junio de 2009; y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.
La propia Lamela continuará investigando el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipuzkoa), que se produjo en marzo de 2008, así como los de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, que tuvo lugar en la T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) en diciembre 2006.
En la causa ahora despiezada están procesados los exjefes de la banda José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', contra el que se dictó una orden de detención internacional; Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'; Mikel de Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata'; Aitzol Iriondo Yarza; y Aitor Elizaran Sarasola, en paradero desconocido desde la semana pasada.
La juez Lamela destaca en su auto que "hasta el momento" no se ha llevado a cabo en esta instrucción "ningún acto de investigación, más allá de recabar diversos informes de inteligencia de los distintos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Ni siquiera se ha llegado a recibir declaración a los investigados", apunta.
Según argumenta, para iniciar la investigación lo primero que habría que hacer sería reclamar el testimonio de las causas seguidas en cada uno de los juzgados de la Audiencia Nacional a que se refiere este sumario, "realizándose tantas investigaciones como delitos se imputan a los procesados".
"La complejidad que ello ya por sí solo originaría se vería incrementada, teniendo en cuenta las distintas fases en que se encuentran los distintos procedimientos, las distintas personas a quienes se imputan cada uno de ellos y los diferentes tiempos y circunstancias en que los delitos fueron perpetrados", señala Lamela.
En este sentido, argumenta que, si todas las investigaciones se siguieran en un mismo procedimiento, se provocaría "un retraso injustificado" en la instrucción de la causa y se sustraería "la competencia de los órganos judiciales competentes".
25 DELITOS IMPUTADOS
El juez Juan Pablo González procesó el pasado 27 de octubre por un total de 25 delitos de asesinato terrorista a cinco exjefes etarras que ocuparon la dirección de la organización terrorista desde 2004, año en el que entró en vigor el delito de lesa humanidad en el ordenamiento jurídico español.
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuyó siete delitos de asesinato a 'Ata', seis a Iriondo, cinco a 'Txeroki', cinco a Elizaran y dos a 'Josu Ternera', que "estuvo al frente del 'aparato político'" de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 "en unión" del fallecido Francisco Javier López Peña, 'Thierry', "si bien por su carisma y ascendencia sobre el resto de militantes cabe considerar que ha tenido participación en todas las decisiones relevantes".
El auto destaca que en todos estos atentados los "máximos dirigentes" de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado "tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado".
En el caso del atentado de la T-4, que rompió la tregua decretada por la organización en 2006, el de Isaías Carrasco, días antes de las elecciones generales de 2008, o el del empresario Uría, vinculado a las obras del tren de alta velocidad, el juez González señala que "en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes de la organización terrorista".
La causa se inició en julio pasado a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA, que también dirigieron su acción penal contra María Soledad Iparaguirre Genetxea, 'Anboto'; Gorka Palacios Alday, Jurdan Martitegui Lizaso, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Txikierdi'; Eugenio Echebeste, 'Antxon'; José Luis Ansola Larrañaga, 'Peio el Viejo' y Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'.
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