El comité electoral de Ahora en Común (AeC), que concurrirá a las elecciones bajo el nombre de Unidad Popular, eligió, a través de un proceso de primarias abiertas que Santiago Gutiérrez, concejal en el Ayuntamiento de Medina Sidonia por IU, sea quien encabece la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz.
¿Cuándo y cómo decidió adentrarse en el maravilloso mundo de la política?
—Yo era un técnico de la Universidad de Cádiz que hace unos años adquirí un compromiso con mi pueblo, Medina Sidonia, de cara a los cambios que el Ayuntamiento realizó en el año 2011. Soy una persona comprometida, que llevo muchos en movimientos sociales de la izquierda política y social en la provincia de Cádiz, y en un momento dado me aventuré al Ayuntamiento de Medina, y que ahora da un paso más dentro de la visión de que existe un problema político y social en España y en la provincia que conlleva un mayor compromiso de las personas que estamos en el mundo de la política y que somos también técnicos en distintas áreas, algo necesario para llevar a cabo los cambios que necesita este país, que necesita una remodelación profunda, es lo que me ha llevado a presentarme a unas primarias abiertas que en la plataforma en la que estoy integrado convocaba de cara al Congreso.
¿Háblanos de la Marea Azul y del Derecho Fundamental del Agua?
—En el año 2011 las Naciones Unidas declararon el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho básico y esencial para todos los ciudadanos. A partir de ahí, las propias Naciones Unidas iniciaron una serie de investigaciones y estudios a través de las denominadas relatorías, contactando con administraciones y organismos y empresas que estaban siendo modelos dentro de la línea de asegurar el derecho al agua. Es decir, que a una familia sin recursos debido a la crisis económica se le garantizara ese derecho independientemente de su renta, raza o cualquier otra circunstancia. En este sentido, en Medina Sidonia, a través de la empresa pública Medina Global, que es la operadora del servicio de agua, se había puesto en marcha en aquel momento un servicio público en el que se garantizara un mínimo de agua. Todos los vecinos tienen derecho a cien litros por habitante y día, controlado a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Este modelo, que fue muy innovador en su momento, suscitó interés por parte del citado organismo, que busca ejemplos para aplicar ese derecho en otros países y otros lugares, pues tuvimos el placer de participar en ese foro explicando nuestra experiencia. Con ello se demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, que hay otra forma de gobernar, y que además ya lo estamos haciendo en otros municipios y ciudades.
¿Algún municipio de la provincia se ha interesado por ese modelo?
—Pues sí, son ya varios años y en los que los ayuntamientos se están interesando por nuestro modelo. Yo he participado en foros de debate sobre el agua por todo el país, y desde Madrid hasta Barcelona, Murcia o la provincia de Cádiz hay experiencias basadas en este modelo porque no podemos hacer cortes de suministro de agua a personas por cuestiones económicas porque hablamos de un derecho humano en una competencia que es municipal, porque hay que decirlo, si le cortamos el suministro de agua a una persona por motivos económicos el responsable, es decir, alcalde o alcaldesa, es responsable de la violación de un derecho humano. Hay por tanto diferentes organizaciones sociales y políticas que están en esta línea de gestión del agua fuera del sistema mercantilista. Y es que todo el mundo debe tener una vivienda digna y agua en sus grifos.
Hay municipios, muchos, que han privatizado esta gestión y sus ciudadanos se quejan tanto del mal servicio como del aumento del precio del mismo… imaginamos que están en la situación opuesta, ¿no?
—Claro, es evidente que principio del derecho al agua y el suministro mínimo vital es consustancial al modelo de gestión pública. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, aquí en la provincia de Cádiz, y en todo el país, es un proceso acelerado de privatizaciones pero que no ha tenido como objetivo la mejora del servicio al ciudadano, ni las mejoras en las condiciones económicas a medio y largo plazo de los propios ayuntamientos, sino lo que busca es la obtención de fondos rápidos para los consistorios a través de los cánones de concesión, es decir, un dinero que las empresas privadas entregan a los ayuntamientos a cambio de la concesión del servicio en un plazo de 20 ó 30 años. Y esto lo que conlleva es que al final el ciudadano paga, vía la tarifa del agua, los gastos del ayuntamiento. Estamos pagando una tasa por un servicio básico y fundamental, y lo que tienen que hacer los ayuntamientos es garantizar la gestión pública del mismo porque estamos en un régimen de monopolio o oligopolio, solamente hay dos o tres empresas que gestionan estos servicios, y desde luego si se hace un cambio de servicio que se haga para que repercuta positivamente en los ciudadanos, no para obtener un dinero a corto plazo que profundiza en la crisis de financiación que padecemos los ayuntamientos.
¿Qué partidos y colectivos integran Unidad Popular?
—Pues Unidad Popular emana de una plataforma denominada Ahora en Común que se diseñó como un espacio de confluencia. Nosotros creemos que estamos en un momento histórico y crítico en nuestro país, en el cual las fuerzas sociales y políticas que representan a la izquierda social, debíamos de intentar crear un espacio común dejando de lado las siglas, siendo generosos para llegar a un programa de mínimos que nos permitiera tener fuerza de cara a unos Elecciones Generales y plantear un modelo alternativo de país, que es lo que necesitamos ahora para dar solución a los problemas sociales y políticos que han emanado de la crisis de los últimos años y de la salida antisocial de la misma que se ha diseñado desde el sistema bipartidista. En este contexto, Izquierda Unida, como fuerza nacional, fue el primer partido que dijo que había que dejar nuestras siglas a un lado, vamos a intentar llegar a un acuerdo de mínimos con movimientos sociales y personas individuales indignadas por las reformas laborales, involucradas en luchas sociales como contra los desahucios, y en otras luchas. Esto fue la plataforma Ahora en Común, y en la provincia de Cádiz estamos Izquierda Unida, colectivos sociales y personas individuales. Somos una fuerza plural pero que estamos en unos acuerdos de mínimos para elaborar un programa que se ha realizado de abajo hacia arriba, para luego iniciar un proceso de primarias donde se podía presentar cualquier persona identificada con el programa.
En ese espacio de confluencia al final no ha entrado Podemos…
—Bueno, se pusieron todos los medios a disposición, se puso en marcha una plataforma en la que todo el mundo pudiera sentirse cómodo, se articuló un sistema de primarias horizontal como son las primarias abiertas y se planteó un programa de abajo hacia arriba. Pero Podemos, por cuestiones legítimas, ha pensado que era mejor presentarse a las Elecciones Generales por su cuenta. Es una cuestión que tendrán que responder los dirigentes de Podemos. También creo que tendrán ellos la responsabilidad de explicar a los ciudadanos, una vez que pasen las elecciones, por qué no se han conseguido los apoyos que permitirían en el Congreso sacar leyes y proyectos y normativas que puedan cambiar el país y por lo tanto, solucionar los problemas de nuestra provincia. Nosotros hemos hecho todo lo posible. No obstante, este es un proyecto a largo plazo y esperamos que a largo plazo poder concluir con la confluencia de la unidad popular.
La derecha parece más unida… ¿eso os puede perjudicar?
—Bueno, ahora mismo hay varias derechas. Entendiendo por derecha los partidos que apuestan por el mantenimiento del sistema neoliberal de recortes y de corrupción político y de cambios antidemocráticos como ha sucedido con la Constitución. Tenemos al Partido Popular, del cual nosotros estamos en el punto opuesto. Tenemos al PSOE que identificándose muchas veces con fuerzas de izquierda al final termina haciendo políticas de derechas, sobre todo en los últimos años. Y ahora están partidos políticos emergentes que pululan por varios sitios. .
Pan, techo, trabajo y dignidad es el lema de la campaña aunque ya se utilizaba a principios del pasado siglo XX. ¿Es una pena que se tenga que seguir utilizando?
—Es que parece mentira que en la sociedad española del siglo XXI, un país desarrollado, pues tengamos situaciones ahora mismo de hambre, de pobreza, de desempleo, de problemas sociales que son representativos de sociedades menos avanzadas que la nuestra. Pero la realidad es que las masas por la dignidad han sabido sacar otra vez este grito del siglo XX pero que lo vemos en los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Por eso ese debe ser nuestro lema porque debemos cubrir los principios básicos y luego aplicar otro tipo de políticas, pero lo primero es que la gente viva con dignidad y que tenga los derechos básicos salvaguardados. Para ello tiene que haber cambios profundos en la política.
Precisamente la provincia de Cádiz cuenta con una tasa de paro que ronda el 40 por ciento, con algunos municipios por encima de esa brutal cifra. ¿Qué se puede hacer para paliar el desempleo en una provincia donde el paro es estructural y no coyuntural?
—La crisis actual llegó a una provincia que ya estaba en crisis. El paro en la provincia es estructural desde que se propuso un modelo hace ya tiempo en el que tiene responsabilidades políticas aquellos que aplicaron un modelo donde el turismo, y más concretamente el turismo de sol y playa ligado al pelotazo urbanístico, era la base. Por ello se fue desmontando otros sectores como el industrial, ligada en la Bahía a astilleros. Y en el interior se desmanteló el campo. Al mismo tiempo existe un retroceso en el sector pesquero, tan importante en nuestra provincia. Nosotros creemos que hay que recuperar la diversificación de la economía gaditana, sin menospreciar al turismo que es un pilar básico también y que ha aguantado bien los embistes de la crisis. Pero hay que apostar por un turismo de interior también, por acabar con la estacionalidad para que nos permita comer de ello todo el año. Es evidente, que como fuerza de izquierda, no nos resignamos a perder el sector industrial, que lleva años siendo desmantelado en un proceso planificado por el Gobierno y por la Unión Europea. Creemos que hay que recuperar el sector naval, que debe existir una apuesta pública por el sector naval que debe conjugarse con una recuperación de las industrias en nuestras bahías, mientras se montan industrias ligadas a la agricultura y las energías renovables. Y es que el turismo no puede absorber todo el desempleo de la provincia.
Nos encontramos con una provincia con unas deficiencias importantes en infraestructuras. Vemos como dos puertos, el de Algeciras y el de Cádiz, no están conectados ni siquiera por ferrocarril.
—Ese es otro de los pilares fundamentales de nuestro programa. Y es que las infraestructuras no solamente resuelven problemas de movilidad, problemas de conexión entre las ciudades. Las infraestructuras son inversiones productivas que generan empleo. Nosotros creemos que las políticas de austeridad puestas en marcha en los últimos años lo único que conlleva es que las empresas no funcionen, que no se mueva esa economía y finalmente las pequeñas y medianas empresas que trabajan en otros sectores no puedan sobrevivir porque no tienen gente que consuma. Debemos abandonar ese ‘austericidio’ y apostar por la inversión en infraestructuras, pero no de cualquier forma. No hablamos de aeropuertos que no tienen sentido, hablamos de inversión en infraestructuras básicas para nuestra provincia y que también ayuden a la movilidad de las personas. Para eso es fundamental recuperar el valor del ferrocarril, el que conecta a las personas normales, a los pueblos… Además tenemos que potenciar líneas de cercanías para una movilidad rápida, sostenible y barata para el ciudadano.
¿Teme que los fondos de la Inversión Territorial Integrada se pierdan por el camino o en inversiones poco claras tal y como ya ha pasado con otros fondos europeos?
—Pues sí, temo que esos fondos no serán invertidos como nosotros queremos, no se invertirán en apostar por el tejido productivo y a la diversificación económica. Hay que planificar y orientar bien esas inversiones porque no se pueden quedar en nada como ha ocurrido en otras ocasiones en la provincia.
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