El número de contratos realizados en fraude de ley en la provincia de Cádiz durante el año 2014 fue de 1.363, según datos proporcionados por la Secretaría de Empleo de CCOO de Andalucía. Una cifra que representa, según la secretaria general de la Unión Provincial de CCOO Cádiz, Lola Rodríguez, “un 30 % de la contratación que se realiza en la provincia”.
Los datos disponibles hasta el momento se refieren a las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo durante el año 2014, en el que se realizaron 3.003 actuaciones en la provincia para perseguir la contratación fraudulenta de empleados en empresas. Gracias a esas inspecciones, en 753 de esas actuaciones se llegó a encontrar irregularidades entre 5.063 contratos revisados. Otras 273 actuaciones se realizaron para revisar el régimen de contratación de los empleados bajo algún tipo de bonificación, como los contratos con bonificación a la empresa por emeplear a mujeres víctimas de violencia machista.
De todos esos contratos, la Inspección de Trabajo concluyó que 1.363 contratos estaban realizados en fraude de ley en las empresas, y 93 en subcontratas de esas empresas, y obligó a convertir esos contratos en indefinidos al comprobar la Inspección que el trabajo desempeñado por los empleados no se correspondía con el régimen de contratación en el que estaban. En total, 1.456 contratos parciales y temporales fueron transformados en indefinidos, lo que supone un 48,48% con respecto a al total de contratos revisados por la Inspección de Trabajo.
La mayor parte se trataba de contratos temporales y parciales que, según Rodríguez, “encubrían jornadas más extensas”. Y es que, para la secretaría general de CCOO Cádiz, “dentro de los contratos temporales se está dando la parcialidad de los mismos en la redistribución de la jornada, debido a la reforma laboral, que facilita que se den estas situaciones, pero con un salario que no corresponde con los convenios colectivos”. En palabras de Rodríguez, esta contratación fraudulenta “conlleva un perjuicio para el trabajador porque cotiza menos de lo que trabaja y eso repercute luego en sus prestaciones por desempleo y para su futura jubilación”, y ha concluído que esta “es una forma más de no ingresar en las arcas de la Seguridad Social lo que corresponde a las empresas”.
Desde el año 2009 no se registraba un número tan elevado de contratos fraudulentos por parte de la Inspección que fueran luego transformados en indefinidos: en 2009 1.646 contratos fueron transformados en indefinidos gracias a la Inspección.
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