Portavoces de dichas asociaciones han dicho a Efe que dicho proyecto es “un insulto a los millones de afectados andaluces por el ruido”, pues “protege al contaminante frente al contaminador” y “castiga al denunciante a pagar los gastos de las actuaciones” que genere con su denuncia.
La petición está firmada por 25 asociaciones de vecinos y de afectados por el ruido, entre ellos la Plataforma por el Descanso en Sevilla, Afectados por el Ruido del Metro de Sevilla, Málaga Centro Antiguo, Ciudadanos por Granada, Juristas contra el Ruido y la Plataforma Estatal contra el Ruido (Peacram).
Aseguran que el objetivo de la reunión es denunciar que el borrador del Reglamento de Contaminación Acústica representa “un inadmisible retroceso con respecto al anterior” y ha sido elaborado a espaldas de las asociaciones y, por tanto, de lo establecido por el Convenio de Aarhus y la Ley 27/06 que obligan a redactar la legislación medioambiental con participación ciudadana.
“Ya está bien que se utilicen a asociaciones políticas que no defienden los intereses de los afectados para fingir la participación ciudadana”, sostienen los firmantes.
A su juicio, las irregularidades del Reglamento “son de tal magnitud que consideramos que la única opción es su retirada”, pues “es inadmisible que se obligue a medir con puertas y ventanas cerradas”, lo que “busca hacer que el resultado de las mediciones sea lo más bajo posible”.
El texto “es farragosos e incomprensible, basado en tecnicismos” y “es mucho más permisivo y tolerante que el anterior Reglamento”, además de que “penaliza a los contaminados en lugar de a quienes contaminan” y regula hacerles pagar las actuaciones realizadas a causa de sus denuncias.
Otras quejas se refieren a que el texto “hace desaparecer el ruido de impacto, grave fuente de contaminación que se transmite por las estructuras a todo el edificio”, y carece de “los principios de cautela y prevención”, pues la autoridad sólo podrá paralizar actividades “no autorizadas”.
Denuncian además que no se incluyen los veladores de los bares en la calle como elementos emisores de ruido.
Las asociaciones recuerdan que “el ruido es un vertido tóxico que, aunque no se vea, corroe gravemente la salud, impide la intimidad en el hogar y altera gravemente las relaciones familiares, además de disminuir el rendimiento escolar y laboral”.
Añaden que los tribunales “ya han considerado el ruido como causante directo de un delito de lesiones y España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por infracción del derecho a la intimidad”.
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