La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy en primera instancia la polémica Ley de Seguridad Soberana, que rechazan la oposición y algunos expertos por considerar que pone en peligro las garantías individuales.
El proyecto de ley fue aprobado en lo general y este miércoles la Asamblea tiene previsto el debate particular y adopción de cada artículo en una discusión que permitirá incluir cambios.
La sesión de hoy del parlamento, por otra parte, retiró el fuero a dos diputados de la oposición para que afronten cargos judiciales por su supuesta vinculación con actos violentos ocurridos en protestas.
El texto legislativo establece como "amenazas a la seguridad soberana cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones".
Los opositores sostienen que, bajo ese concepto, el Gobierno de Managua podrá considerar una amenaza cualquier acción de los ciudadanos.
La legislación obtuvo en el pleno, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 65 votos a favor y 18 en contra, de un total de 91 diputados.
La norma, propuesta por el Ejecutivo, define como seguridad soberana "todos los ámbitos de seguridad de las personas, la familia, la nación; seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad agropecuaria, seguridad ambiental, seguridad interna y externa de la nación".
Se establecen como amenazas la expansión de cualquier otro país sobre territorio nicaragüense, la delincuencia organizada trasnacional y delitos conexos, el ingreso y expansión de pandillas o maras, el terrorismo internacional y todo acto de financiamiento de organizaciones terroristas.
También incluye como amenazas el genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, injerencia extranjera, actos ilícitos contra la seguridad de la aviación y de la navegación marítima y ataques a la seguridad cibernética y a la infraestructura.
El proyecto se aprobó después de que la Asamblea levantara el fuero a dos diputados de la Bancada Partido Liberal Independiente (BAPLI), Raúl Herrera y Eddy Gómez, quienes enfrentan cargos judiciales por su supuesta vinculación con actos violentos ocurridos en una serie de protestas opositoras celebradas en Managua.
El desafuero de los diputados, acusados por el Ministerio Público de homicidio en grado de frustración y amenazas, se hizo efectivo con el voto de 63 votos a favor y 24 en contra, con la mayoría de los diputados sandinistas.
Una comisión especial de la Asamblea Nacional creada a petición de la jueza Novena de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Indiana Gallardo, recomendó el 17 de noviembre al pleno levantar la inmunidad de los dos diputados.
El presidente de la comisión, el independiente Wilfredo Navarro, explicó hoy que el desafuero fue recomendado sin investigar las acusaciones porque, de haberlo hecho, "habríamos emitido un juicio que le pertenece al Judicial".
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la sandinista Iris Montenegro, afirmó que Herrera y Gómez únicamente perdieron la inmunidad para afrontar el caso.
De esta manera, ambos diputados podrán participar este miércoles en el debate de los artículos de la Ley de Seguridad Soberana, cuya vigencia será definida en la misma sesión.
Con la llamada Ley de Seguridad Soberana, el Gobierno sustituye la vigente Ley de Seguridad Democrática.
El experto en temas de leyes y seguridad Roberto Cajina consideró recientemente en una consulta extragubernamental realizada por el partido opositor BAPLI que la propuesta hace de Nicaragua "un Estado policíaco" y no da opciones para recurrir ante los abusos de las autoridades.
"El proyecto de ley deja un vacío en cómo actuar frente a las amenazas, está ausente la parte operativa, la sociedad nicaragüense queda en un estado de indefensión social", dijo Cajina.
Por su parte, el asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, calificó la ley de "restrictiva" porque "corta nuestras libertades universales".
"La verdadera amenaza que hay a la seguridad es la ley misma porque pone como amenaza cualquier cosa contra el Gobierno, y eso lo decidirán el Ejército y el presidente", sostuvo Carrión.
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