Dos semanas después de que la Policía Nacional destapara presuntos casos de malos tratos físicos y psíquicos en el centro infantil La Casita, con sedes en la urbanización de La Cartuja y Olivar de Rivero, por parte de su directora, que tras ser detenida quedó en libertad con cargos y una orden de alejamiento de 200 metros sobre los centros que regenta, los padres afectados ya han empezado a organizarse.
Finalmente, las familias, en principio casi una treintena de padres, se han decantado por los servicios de asesoramiento jurídico de la asociación provincial de centros de educación infantil privados, con los que ya han mantenido un primer encuentro. En concreto será el bufete Arnedillo Abogados, de Cádiz, el que lleve el caso, aunque aún tienen que decidir si se personan como acusación particular por uno o varios delitos en la demanda conjunta que interpondrán en los juzgados.
No obstante, el proceso, que a priori se presenta largo, no ha hecho más que empezar, ya que todavía los padres ni siquiera han empezado a declarar.
A la par que se han asesorado a la hora de emprender medidas legales al margen de la investigación que de oficio mantiene la Fiscalía por el caso tras la investigación del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Comisaría del 091, la mayoría de las familias de estos centros (las tradicionales guarderías) ya han reubicado a sus hijos -independientemente de que vayan a denunciar o no- en otras escuelas infantiles privadas por la zona de Montealto, Cruz Roja y otros puntos de la ciudad.
Contabilizan hasta 13 centros ilegales en Jerez
Francisco Zamarrón es el presidente de la asociación provincial de centros de educación infantil privados de Cádiz y desgraciadamente, por su experiencia, no se lleva las manos a la cabeza por lo ocurrido, que achaca al vacío legal que hay en torno a la regulación de ludotecas.
Le consta que en Jerez hay al menos 13 guarderías ilegales con problemas de salubridad importantes y situaciones “bastante desagradables para los niños” que se escapan de las inspecciones pedagógicas y sanitarias reglamentarias. “En la práctica lo que ocurre es que piden licencia de ludoteca y después acaban funcionando como escuela infantil y están engañando a los padres y aprovechándose porque les llegan a cobrar igual o incluso más que los centros homologados”, señala, ya que como ludoteca ni siquiera tendrían que abrir por la mañana sino de tarde. En este sentido, como indica, una de las claves para distinguir una ludoteca de un centro de educación infantil tiene que tener un código de la Junta que autoriza su apertura. A la par, como denuncia, no ayuda la pasividad de las administraciones.“Llevamos tres años enviando escritos a la Junta y al Ayuntamiento denunciando esto y aquí no se mueve ni Dios", se queja.
¿Cuándo fue el último que registraron?El 23 de octubre, solo varias semanas antes de la alarma social que generó el caso. ¿Han contactado después de lo ocurrido?Tampoco. En el caso de La Casita, el centro de La Cartuja tenía licencia de ludoteca y funcionaba como guardería”.
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