El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria, ha aprobado con el voto favorable de PSOE, Participa Sevilla e IU, contrario de PP y la abstención de C's, instar al Estado a derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tramitando de forma urgente, mientras eso ocurre, una modificación legislativa que devuelva a las entidades locales las competencias de servicios sociales y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada.
Así, la moción presentada por el PSOE se entiende esto como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.
A este respecto, el concejal delegado de Bienestar Social y Empleo, el socialista Juan Manuel Flores, asegura que la norma ha tenido un impacto negativo en la prestación de servicios sociales en la ciudad, poniendo incluso "en riesgo" su desarrollo. "El ciudadano se convierte en un elemento objeto no perceptor de servicios por parte de su administración más cercana", indica, mostrando su rechazo a esto y añadiendo que el PP "se ha quedado solo estos cuatro años con una norma centrada sólo en criterios economicistas".
Por su parte, la concejal del PP Dolores de Pablo-Blanco ha apuntado a la Junta de Andalucía al hacer referencia a la situación de los servicios sociales y ha preguntado al PSOE sobre el avance de las gestiones y los convenios de colaboración acordados en julio ante una moción similar, algo que también ha solicitado C's.
De Pablo-Blanco ha reclamado esa petición de recursos a la Junta y afirma que "de aquellos barros estos lodos" haciendo referencia a la Administración andaluza, ante lo que Flores asegura que esos barros provienen desde Madrid y explica que sí se están llevando a cabo contactos con la Junta para abordar este asunto y se tiene el convencimiento de que "se mantendrá la capacidad en los servicios sociales", a la par que apuesta por un nuevo gobierno central con "mayor sensibilidad política para que no se generen dudas" sobre la ejecución de los servicios.
Igualmente, el portavoz de C's, Javier Millán, ha recriminado el "carácter electoral" de una moción ya presentada en julio, algo que también se ha recordado desde IU, y considera que la ley es "un torpedo" contra el municipalismo, pese a que señala que hay puntos en los que está de acuerdo por que "han servido para la disciplina municipal", por lo que sólo pide la derogación de los que suponen ese "ataque directo" a los ayuntamientos.
El concejal de Participa Julián Moreno ha calificado que la norma tiene una "visión meramente mercantilista", asegurando que no tiene sentido que los ayuntamientos "no puedan prestar los servicios que estaban prestando" y criticando que se primen criterios económicos.
El portavoz de IU Daniel González Rojas ha dejado claro que, como ya expresó en julio, está "radicalmente" en contra de esta ley, que va en contra de que los ayuntamientos tengan "más fondos y competencias para dárselo a otras instituciones no elegidas de forma democrática como las diputaciones".
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