El Pleno municipal aprobó ayer una propuesta que recoge las condiciones económicas y plazos para la reincorporación a sus puestos de los trabajadores afectados por el ERE que tengan sentencias improcedentes, aunque siempre a expensas de lo que dictamine el futuro Plan de Ajuste y la legislación vigente. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PSOE, Ganemos, Ciudadanos e IU y la abstención del PP, que condicionó su apoyo a conocer los informes de Intervención, Tesorería y Economía.
La alcaldesa, Mamen Sánchez, ya había avanzado semanas atrás que la reincorporación de estos trabajadores no se haría efectiva antes del próximo 1 de abril, debiendo estar culminado todo el proceso el 30 de junio. Por tanto, la principal novedad que incluye la propuesta en relación a lo ya conocido es que el Ayuntamiento plantea el prorrateo de los salarios de tramitación de los trabajadores afectados.
De este modo, la cantidad que cada uno de ellos deba percibir por el periodo comprendido entre la fecha de su despido y la de su definitiva incorporación será abonada en las nóminas desde enero de 2017 hasta diciembre de 2025. Por tanto, serán necesarias nueve años para saldar la deuda que se contraiga con los afectados por el ERE.
Como era previsible, este asunto fue el que despertó mayor interés de cuantos integraban el orden del día de una sesión plenaria que de nuevo resultó excesivamente larga, ya que comenzó a las diez de la mañana y finalizó pasadas las cinco de la tarde.
Con la aprobación de esta propuesta, la teniente de Alcaldesa de Empleo y Recursos Humanos, Laura Álvarez, entiende que el Pleno da “un paso más para resolver un conflicto que se produjo por criterios arbitrarios e injustos”. Álvarez explicó además que el acuerdo aprobado contempla que la reincorporación de todos los afectados con sentencias improcedentes se produzca con la mayor inmediatez posible y siempre antes del 30 de junio de 2016. Asimismo, estos trabajadores, cuya relación se incluye en el acuerdo, se incorporarán al puesto base correspondiente a su categoría en la plantilla municipal y conservarán la antigüedad que tenían antes de ser despedidos.
El concejal del grupo popular Javier Durá justificó la abstención de esta formación política en la ausencia de determinados informes que podrían comprometer el cumplimiento del propio acuerdo.
El portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, restó importancia a la ausencia de esa documentación, advirtiendo de que la propuesta, “más allá de una solución”, no es más que “un compromiso de solución” y avanzando que estará “pendiente” de lo que puedan decir esos informes.
Desde Ganemos, Kika González reiteró que su grupo tendrá una actitud “colaborativa” con el Gobierno en esta materia; mientras que el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, admitió que la fecha límite que se ha puesto para la reincorporación de estos trabajadores no es la que le “gustaría”, aunque la consideró “razonable”.
El grupo socialista incluyó una enmienda a la propuesta inicial en virtud de la cual este acuerdo será remitido al TSJA, así como al consejero de Presidencia y de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta para que en las próximas convocatorias de planes de empleo se tenga en cuenta la situación del Ayuntamiento con respecto a estos despidos improcedentes y no se le prive de beneficiarse de estas iniciativas en materia de empleo.
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