El juicio por la venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla, en el que hay diez acusados entre políticos, empresarios y técnicos, se celebrará durante un mes y medio en el juzgado de lo penal 13 de Sevilla y "en torno" al verano de 2016.
El juzgado encargado del caso está fijando los juicios con dos años vista, aunque para determinar su orden tiene en cuenta la antigüedad de los hechos, y como la venta de suelos ocurrió en 2006, es probable que el juicio se adelante a antes del verano de 2016 o inmediatamente después de las vacaciones veraniegas, han informado fuentes judiciales.
Como el juicio está previsto que dure un mes y medio, no se descarta que se nombre un juez de apoyo para que el juzgado de lo penal 13 no rompa su ritmo habitual de trabajo, han añadido las mismas fuentes.
Para ello, la titular del juzgado desde el 14 de abril del año pasado, Yolanda Sánchez, tendría que solicitar un juez de apoyo, técnicamente denominado Juez de Adscripción Territorial (JAT), lo que desde las instancias judiciales superiores se aprobaría en caso de que hubiera uno disponible en esos momentos, según las fuentes.
La juez que instruyó el caso, Mercedes Alaya, dictó en abril pasado un auto de apertura de juicio oral por la venta "fraudulenta" de suelos de Mercasevilla en 2006, que se adjudicaron a Sando por 106 millones de euros frente a los 158 millones que ofreció su competidor, según la Fiscalía.
Entre los acusados se incluyen el exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos; el exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet; el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo; y el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero.
También están acusados el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
La juez afirmó que en este caso se cometieron los delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación.
El fraude se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, por el "concierto previo" entre los acusados para que el concurso de los suelos "fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
"La mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor" de Sanma, según las conclusiones de la juez Alaya.
Según la Fiscalía, el concurso público de los suelos se hizo con un pliego de condiciones elaborado "a la medida de los intereses de Sando", y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.
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