Los empleados de la Junta de Andalucía ven clara la ecuación: si la crisis zarandeó sus condiciones laborales y mutiló sus nóminas, la supuesta luz al final del túnel de la recesión debería traducirse en una restitución de todo lo perdido por el camino desde aquel día en que la economía hizo crack. Más aún cuando el Presupuesto de 2016 se presentó a mediados de octubre como el de la recuperación y el regreso a la senda expansiva.
Los sindicatos no ven tan clara la respuesta a sus reivindicaciones y los tres con mayor representación entre los más de 270.000 empleados de la Junta (UGT, CCOO y CSI-F) reclamaron hace una semana, de forma conjunta y por escrito, una reunión urgente de la Mesa General de la Función Pública de Andalucía que ponga fecha al retorno de lo que consideran “derechos perdidos”, desde los recortes de sueldos hasta una larga lista de complementos congelados por efecto de una doble pinza: los recortes impuestos desde Madrid y, en paralelo, por la Junta desde San Telmo. Y si no hay respuesta, alertan, habrá movilizaciones.
La fecha marcada en el calendario es la del pasado 15 de julio. Aquel día, en un acto público, la recién investida presidenta de la Junta de Andalucía se comprometía con los tres sindicatos a restituir a partir de 2016 todo lo perdido. “Es que la que estampó su firma no fue una persona cualquiera, fue Susana Díaz. Sería decepcionante, y una desfachatez que no se cumpliese”, asegura a este medio Antonio Macías, secretario de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía.
El problema, como en las ofertas comerciales, es la condición que impone el sempiterno “desde”. En el anuncio de aquel acuerdo se especificó que se recuperarán derechos “desde” 2016, sin precisar fechas. De hecho las cuentas públicas del próximo año contemplan ya la partida para la restitución de un 25% de la paga extraordinaria de 2012, uno de los primeros hachazos del Gobierno de Rajoy, y la recuperación para miles de trabajadores, entre ellos 11.500 del SAS, del 100% del sueldo y de la jornada, rebajados al 75% durante la crisis.
Del resto no hay noticias. De ahí que los primeros gestos no colmen las demandas de los sindicatos, que ven a la Junta “remolona a la hora de pagar” y a Andalucía víctima de un agravio comparativo con el resto de comunidades e incluso con los empleados públicos de la Administración General del Estado. “Lo que pedimos es estar en igualdad de condiciones con los funcionarios de Extremadura, de Castilla y León, de Madrid, de Aragón... que no sólo han recibido ya ese 25% de la paga que se nos sustrajo en 2012 y a nosotros se nos pagará en febrero, sino que también han cobrado otro 25% y se les ingresará el 50% restante el próximo año. Aquí, pese a los compromisos de la presidenta, no hay calendario alguno”. Quien protesta es Joaquín Álvarez, secretario de Acción Sindical de CSI-F Andalucía, que en declaraciones a este medio alerta de que “en el tintero” la Junta también se deja “los recortes aplicados en 2013 y 2014”. Y añade: “Cataluña, con todos sus problemas financieros, ya ha pagado a sus empleados lo sustraído en 2012...”.
Aunque prefieren agotar la vía negociadora, la llamada a la movilización aparece ya en el discurso de los sindicatos. Macías la asume como desenlace casi inevitable: “Indudablemente, no nos queda otra. Nuestra principal función es dialogar y sentarnos con la Junta en una mesa, pero si no se respeta lo firmado no nos queda otra que ir a la movilización”. La vía de la protesta también la confirma Álvarez, convencido de que “hay herramientas para llegar a acuerdos, pero la movilización en la calle también es una herramienta válida cuando lo que se pretende es convencernos de que la recuperación de derechos será a lo largo de la legislatura, cuando en otras comunidades se está aplicando ya”.
Del 'tapónn' del SAS a la soledad del monte
No ha habido área de la Administración a salvo de los recortes. En las aulas se aumentaron ratios de alumnos, en los juzgados los sindicatos alertan de que la “la situación es insostenible” y el común denominador en todas las consejerías fue, en los peores años de la crisis, congelar sustituciones. “Ha habido problemas en guarderías, en residencias de mayores... Incluso en Medio Ambiente se vulnera la normativa que obliga a vigilar los montes en pareja”, recuerdan. En el SAS, alerta UGT, hay además un “tapón” de 14.000 eventuales.
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