La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha sido elegida para formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en el seno de la IX Asamblea General de esta institución celebrada en Sevilla este sábado y que ha sido clausurada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Los partidos con representación en la FAMP – PSOE, PP, IU, PA, PP y Ciudadanos-, además de siete plataformas ciudadanas, han llegado a un acuerdo para conformar la federación “desde el diálogo, el consenso y la participación activa en la institución” mediante una representación “plural” de todas las fuerzas políticas con representación en la misma.
Ha sido designado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, como nuevo presidente de dicha federación; y también se han elegido siete Vicepresidencias- una por cada partido representado- y la séptima para una plataforma ciudadana. Asimismo, se han establecido 19 Vocalías y también se ha conformado el Consejo Municipalista, del que forman parte todos los miembros de la Ejecutiva de la FAMP y 24 Vocales.
Patricia Cavada asegura afrontar este nuevo cargo “con mucha responsabilidad e ilusión” al poder representar a San Fernando en esta institución formando parte de su Comité Ejecutivo.
Como “municipalista convencida”, entiende la FAMP como una institución “muy valiosa” para defender los intereses locales y para “solventar los problemas de la ciudadanía”. “Tenemos mucho trabajo por delante para hacer de la FAMP un foro que lidere la defensa de los ayuntamientos y en el que se debatan los problemas y los intereses que representamos, con independencia del signo político”, asegura la regidora isleña, que subraya la importancia que para San Fernando tiene estar representado en el órgano ejecutivo de la federación.
Acuerdo de la FAMP
En el seno de la Asamblea, las fuerzas políticas han firmado un acuerdo para convertir a la FAMP en “un instrumento útil para Andalucía”, entendiendo que “desde su creación, ha demostrado ser una organización idónea para la defensa de los intereses locales en su interlocución con el resto de administraciones públicas (Junta de Andalucía y Gobierno de España), y un foro donde ha primado el consenso entre todos los grupos políticos que forman parte de sus órganos de gobierno”.
El acuerdo dice también que la FAMP ha sido una institución “imprescindible para desarrollar una estructura territorial equilibrada y democrática que tuvo su reflejo en el Estatuto de Autonomía y en la consideración que hace de la autonomía local”.
La autonomía local y la financiación local serán “los pilares” de la FAMP en esta nueva etapa 2015-19, en la que se marcan prioridades como continuar con el desarrollo de las competencias establecidas por el Título III sobre la organización territorial del Estatuto de Andalucía y la Ley de Autonomía Local andaluza; el impulso de acciones conjuntas para responder desde el ámbito local a los principales problemas de las andaluzas y andaluces, como el desempleo o los desahucios; o la lucha contra cualquier tipo de discriminación y exclusión.
Asimismo, la FAMP se marca el establecimiento de acuerdos para “avanzar en la transparencia de las corporaciones locales andaluzas, con el objetivo de mejorar la relación entre la política y la ciudadanía”.
De este modo, se impulsarán recomendaciones que “potencien la práctica de gobiernos abiertos y transparentes, donde la participación y la colaboración son esenciales para ganar en democracia en nuestros gobiernos locales. Nos marcamos como objetivo que recuperar la credibilidad en la acción política y de las instituciones democráticas pasa por asumir la ética civil y los valores democráticos en todos los ámbitos, luchar contra la corrupción y hacer política de otra forma, con participación y control de la ciudadanía”.
Finalmente, los firmantes acuerdan “defender el estado de bienestar y la igualdad de oportunidades desde el ámbito local, garantizando la prestación de servicios públicos de calidad en los entes locales de Andalucía”; así como “impulsar el papel de las entidades locales como agentes dinamizadores de la economía en la búsqueda de un nuevo modelo productivo que genere riqueza y oportunidades para nuestros pueblos y ciudades”.
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