La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha avanzado que la comunidad autónoma impulsará en 2016 su propia Oficina de prevención contra el fraude y la corrupción, cuyo objetivo será "garantizar un control riguroso de los recursos públicos" y que podría desarrollarse normativamente a través de una ley.
La consejera hizo estas declaraciones tras reunirse en Sevilla con Eduardo Cano Romera, granadino y jefe de Unidad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), donde han conocido cuáles son las mejores prácticas profesionales que se están llevando a cabo en los países de la UE en ese sentido.
Sobre la futura oficina andaluza, la consejera ha abogado por "trabajar conjuntamente con todas las fuerzas políticas y con todos los agentes para que sea una oficina que realmente pueda ser eficaz".
Montero ha defendido como una "exigencia democrática" proporcionar "respuesta inmediata a cualquier duda que los ciudadanos puedan tener sobre la utilización del dinero de todos".
Según ha explicado, la oficina contra el fraude se creará "con plenas facultades de investigación e inspección", y se ocupará de "prevenir, detectar y denunciar malas prácticas". Una vez en funcionamiento, podrá instar la incoación de expedientes disciplinarios en el ámbito administrativo, exigir responsabilidades e, incluso, denunciar ante el Ministerio Fiscal prácticas y situaciones que pudieran considerarse constitutivas de delito.
La consejera ha resaltado la "apuesta decidida" con esta oficina para luchar contra el fraude "y perseguir a los que lo cometen y que los responsables sean juzgados", además de la prevención "y la capacidad de reforzar mecanismos de control efectivo". "Queremos, sin colapsar la Administración, ser capaces de detectar aquellas áreas donde se deben extremar todos los controles para que los posibles defraudadores no encuentren un lugar adecuado para realizar esas prácticas", ha añadido.
El objeto de control de dicha oficina serán las subvenciones, sobre todo las ayudas públicas que se destinan a terceros, de forma que "se trata de poner además en marcha mecanismos de prevención y formación de los funcionarios que les permitan conocer mejor, cuando se relacionan con un tercero, cuáles son las actuaciones más importantes a vigilar que permita encontrar áreas de mejora". "No es sólo perseguir o prevenir sino darle a la Administración elementos de mejora de las practicas que permita incorporar elementos de calidad", ha añadido.
Asimismo, desde este órgano se realizarán acciones formativas y de concienciación y se emitirán recomendaciones para evitar la corrupción y las prácticas fraudulentas en el ámbito de la administración pública. "El objetivo es prevenir cualquier tipo de desviación de los fondos públicos que pagan los ciudadanos con sus impuestos", ha destacado Montero.
La consejera ha subrayado que la creación de la Oficina contra el fraude constituye un paso más en la "firme intención" del Gobierno andaluz de aplicar un control efectivo sobre los fondos públicos. En este sentido, se ha referido a algunos de los mecanismos que ya se han implantado en la Junta de Andalucía para la optimización de los recursos públicos y que no tienen parangón en otras administraciones, con medidas para garantizar un mayor control de los fondos y en especial de las transferencias de financiación.
"Se trata de intervenir antes, durante y después para aumentar la racionalidad y la mejora de la eficiencia", ha indicado en relación al incremento de las facultades de la Intervención que ya se aplican tanto en la fase de fiscalización previa como en el control financiero permanente.
Ha dejado claro que "no se trata de duplicar instrumentos de control, sino aportar un valor añadido en lo que tenga que ver con la prevención, hacer análisis de riesgos que haga que aquellas actividades que puedan ser sujetas a mayor complejidad y tenga más dificultad para poder desarrollarse estén bien identificadas y tenga sus propios sistemas de fiscalización y mecanismos de control a los terceros que reciben subvenciones, entidades o particulares; la idea es tener procedimiento que permita ser garantistas en asegurar que el fin con el que se concede una ayuda pública va hacia el fin para el que está comprometido".
Ha añadido que la idea además es que "las garantías" establecidas y el control de esos terceros con la justificación "no generen cuellos de botella; se trata de revisar procedimientos y que estén bien definidas la tarea y la trazabilidad de cada actuación administrativa".
"En el futuro se trata de que las organizaciones sean robustas, que los procedimientos sean seguros y sea cada vez más difícil que un tercero tenga la tentación de, con una ayuda pública, perseguir un interés que no es el que la Administración le está concediendo", ha aseverado.
LA REUNIÓN
Durante la reunión, han analizado las acciones contra el fraude y la corrupción que se desarrollan en la Unión Europea, así como las medidas impulsadas por los propios Estados miembros. Concretamente, la OLAF se creó en 1999 dependiente de la Comisión Europea y hasta la fecha ha realizado más de 3.500 investigaciones, con la recuperación de 1.100 millones de euros.
En dicha reunión se han comentado las iniciativas que se han puesto en marcha en esos países, que podría ser de interés visitarlos y conocerlas, puesto que "algunos procedimientos pueden ser un elemento importante para poder planificar el riesgo y controlarlo".
Cano Romera ha saludado esa futura oficina "como instrumento para la lucha contra el fraude", de forma que este encuentro "tendrá continuidad en el futuro y se celebrarán encuentros periódicos", que les permitan "conocer in situ las experiencias y enriquecernos con todo aquello que sea más innovador y esté dando mejores resultados para que la Comunidad pueda adquirir las mejores prácticas en la futura oficina".
"Ha sido una reunión constructiva y bastante edificante y para el futuro será una garantía en la estrategia de lucha contra el fraude, no solo a la hora de perseguir el que se comete sino intentar que la organización tenga seguridad y robustez disuasoria para aquellos que quieran utilizar el dinero público para otros fines", ha agregado la consejera.
Así, se ha abordado cuestiones como la idoneidad de controles a priori o a posteriori de los fondos públicos y de las subvenciones y cuál es el sistema más eficiente, sobre el que la consejera considera que ello "dependerá el procedimiento" será uno u otro más eficiente.
En este encuentro no se han abordado las ayudas públicas que está investigando la OLAF ni se ha hablado de ninguna investigación en concreto llevada a cabo por la oficina europea. La consejera ha recordado que la Junta "permanentemente está colaborando con los órganos que conceden fondos europeos paras mejorar los procedimientos de certificación y los pagos".
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