El Gobierno andaluz ha asegurado que la Junta cumplirá "a la mayor brevedad posible" las sentencias que anulan el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol y la revisión del PGOU de Marbella del año 2010, mientras el PP ha exigido "valentía" tras denunciar la "nefasta gestión" de la Junta.
"El Gobierno andaluz no escatima esfuerzos para abordar la situación desde la colaboración y la lealtad institucional", ha afirmado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, durante su comparecencia ante el pleno del Parlamento para informar, a petición del PP, de los efectos de las citadas sentencias.
Sobre la sentencia del PGOU de Marbella, ha recalcado que la Junta ha actuado "de manera inmediata, a los tres días de conocerse" el fallo, para poner en marcha los mecanismos necesarios para "corregir la situación", y ha invitado a los partidos a "colaborar" para que entre todos se pueda elaborar el mejor plan para la ciudad, de manera que "garantice la tranquilidad a largo plazo".
Ha explicado que se pretende crear un modelo territorial equilibrado que genere proximidad, que apueste por una ciudad compacta y económicamente diversificada y sostenible, y que permita adecuar el ritmo de crecimiento a los recursos, las infraestructuras y el transporte público disponibles.
En esta línea ha avanzado que los distintos servicios técnicos de su departamento trabajan para aclarar las dudas que generan las sentencias del Supremo, así como para proponer soluciones y alternativas posibles.
Tras subrayar que la Junta acata y respeta las sentencias del Tribunal Supremo, sobre las que no cabe recurso, ha puntualizado que las causas por las que ha anulado el POT de la Costa del Sol Occidental de Málaga, aprobado en 2006, responden a cuestiones meramente formales, aunque al tratarse de asuntos subsanables, los servicios jurídicos de la Junta ya trabajan en su corrección.
Con relación a la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, ha detallado que el Supremo reconoce en sus resoluciones el excepcional contexto en el que se aprobó este PGOU, así como el esfuerzo de las distintas administraciones para la regularización del modelo urbanístico de la ciudad.
Así, ha señalado que tras los "desmanes urbanísticos" de la época del GIL, se ha de trabajar para buscar la normalización urbanística y una solución a las viviendas ilegales, a través de un sistema de compensaciones asumidas por los promotores para proteger a los compradores de buena fe y reparar los daños ocasionados.
No obstante, ha destacado que el día a día urbanístico del municipio queda garantizado al existir un PGOU en vigor de 1986 y que se aplicó hasta el 2010.
La portavoz del PP, Patricia Navarro, ha dicho que las sentencias son "dos varapalos a la nefasta gestión del territorio de los sucesivos gobiernos socialistas de Andalucía", pero también "dos misiles en la línea de flotación de la economía andaluza" porque uno de los principales motores económicos de esta región "está en la Costa del Sol".
Navarro, que ha recriminado al consejero por impulsar una comisión técnica "bilateral" con el alcalde, ha tildado de "cobarde" la actitud del consejero tras subrayar que los vecinos de Marbella y los agentes económicos del municipio esperaban "más valentía, más arrojo, más información y más diligencia".
"Este gran desaguisado le puede costar mucho a Andalucía, no sólo a Marbella", ha advertido la diputada popular, que ha reclamado un "calendario" de las actuaciones que llevará a cabo la consejería.
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