El Gobierno andaluz ha aprobado hoy sendos acuerdos en los que propone formalmente al Ejecutivo de la nación sendos pactos de Estado, abiertos a los partidos políticos y las organizaciones sociales, en defensa del sistema de atención a la dependencia y para la erradicación de la violencia de género.
"Los datos sobre violencia de género ponen en evidencia que hay que tomar medidas rápidas, efectivas y contundentes para frenar esta lacra", ha enfatizado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El documento de la Junta, un borrador "de propuestas de mínimos" que será remitido al Gobierno central, las organizaciones sociales, los colegios profesionales y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, plantea, entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato.
La consejera ha justificado esta medida ante la constatación de que hay niños que son "utilizados" por sus padres como "elemento de venganza" contra las madres, especialmente cuando éstas han salido del "punto de mira" de los maltratadores al estar en casas de acogida.
"Los maltratadores están buscando cómo llegar por otro sistema y se ha constatado que, al final, los hijos son víctimas directas de la violencia de género", ha señalado Sánchez Rubio, que ha incidido en que dicha medida podría materializarse en aquellos casos en los que existan informes policiales, incluso aunque todavía no hayan sido condenados en firme.
Según la Junta, en 2014 fueron asesinados cuatro niños en España, mientras que en 2013 la cifra se elevó a seis, dos de ellos en Andalucía, comunidad en la que han recibido atención psicológica hasta ahora un total de 568 niños.
La Junta plantea también que se lleve a cabo un control sobre los motivos de la retirada, en su caso, de las denuncias interpuestas por mujeres maltratadas, para hacer un seguimiento y comprobar si dicha decisión pudiera estar motivada por el "miedo".
Asimismo, reclama la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17 %, según la consejera, y el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales.
La Junta también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo) para conocer el alcance real de esta lacra.
En el ámbito de la sensibilización, investigación y prevención, el texto incide en el fomento de una red de colaboración ciudadana con especial implicación de los medios de comunicación.
En cuanto a la atención integral a las víctimas, se propone establecer protocolos de intervención específicos y, en materia institucional, profundizar en la cooperación de las administraciones; introducir la participación de asociaciones; promover planes estratégicos, y crear una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de objetivos.
En lo que va de año, se han contabilizado ya 48 víctimas mortales, 10 de ellas andaluzas, y 41 menores huérfanos a causa de este tipo de violencia, y desde que existen estadísticas (año 2003), más de 800 mujeres han perdido la vida.
Respecto al pacto de Estado en defensa del sistema de atención a la dependencia, la consejera ha indicado que debe ser un "compromiso ineludible de los poderes públicos" garantizar dicho sistema, ya que los sucesivos recortes presupuestarios han "asfixiado" a las comunidades autónomas y suponen "un riesgo que puede incidir en que finalmente el derecho quede mermado".
"El impacto económico ha sido insoportable para los gestores autonómicos", ha enfatizado Sánchez Rubio, que ha subrayado que Andalucía ha llevado a cabo un "importante esfuerzo" para compensar esa pérdida de ingresos por parte del Gobierno central mientras otras comunidades han optado por "dar marcha atrás" en el desarrollo de la ley, con lo que "ahora -ha dicho- tenemos diecisiete modelos distintos".
La consejera, que ha rechazado que las propuestas de pactos sean "electoralistas" aunque ha considerado que es un "buen momento" para que los partidos pongan iniciativas sobre la mesa y se "mojen", ha detallado que el acuerdo que propone la Junta en este ámbito recoge ocho ejes para promover medidas de consenso en esta materia.
En concreto, se propone replantear el modelo de financiación del sistema para consolidar un marco "estable y suficiente" que asegure su sostenibilidad; impulsar servicios de calidad profesionalizados; asegurar la responsabilidad pública en el sistema, sin menoscabo de la participación de entidades sin ánimo de lucro y empresas, y reforzar el papel de las corporaciones locales.
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