Below Marko, agencia de publicidad especializada en servicios de marketing directo, recibió de la Junta una subvención de “al menos” 447.754 euros en un proceso de adjudicación que vulneró “total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido”. A esa conclusión llega la Intervención General del Estado en el informe redactado a petición del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE, y al que ha tenido acceso este medio.
Sobre la empresa, de la que fue administrador único Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González y expresidente de Invercaria, planean todo tipo de sospechas por su aparición no sólo como beneficiaria de la red de c oncesión de subvenciones irregulares sino por conectar también, en paralelo, con otro de los escándalos que persigue a la Junta: los fondos Jeremie. De esta última partida, habría recibido 2 millones cuya concesión investiga el Juzgado número 16 de Sevilla.
La empresa solicitó, cuando aún era administrador González Mejías, una ayuda para inversiones e incremento de plantilla en diciembre de 2001 y enero de 2002, por un importe de 444.754 euros, y aunque Below después renunciara a ella, fue de nuevo solicitada en los mismos términos usados por el sobrino del expresidente del Gobierno, adjudicada y cobrada vulnerando “total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido”.
Será la jueza Núñez Bolaños quien determine en qué medida estuvo implicado González Mejías o se usó su nombre para conseguir esta ayuda. Su defensa ya intentó en octubre desmontar la teoría sobre su implicación argumentando que González Mejías se desvinculó de Below Marko en noviembre de 2002, y que no era administrador cuando se rubricó el convenio, aunque sí lo era en la primera solicitud y en la firma del convenio (enero de 2002).
Así, los técnicos de la Intervención tachan la documentación de “incompleta”, “fragmentaria”, sin “orden cronológico o sistemático alguno” y “carente del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos”. Concluyen que existen hasta once “evidencias” que ponen en duda la legalidad del convenio suscrito en su día por la empresa con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y canalizado a través del IFA, posteriormente Agencia IDEA.
La primera pone en cuestión incluso el propio objeto de las ayudas, solicitadas en primera instancia en 2001, y concedidas a finales de 2002, para hacer frente a “inversiones inmediatas” que generarían “incrementos de plantilla” y le permitirían solventar los problemas de tesorería que arrastraba. Intervención asegura que no hay constancia documental alguna, sin embargo, de inversiones ni de contrataciones.
Escritos sin fechas ni destinatarios
El convenio entre Below Marko y Empleo comenzó a fraguarse en diciembre de 2001, cuando la empresa elabora un informe -“sin firmar”, alerta Intervención- en el que solicita ayuda, sin concretar tampoco cifras, para acabar con su “tensión financiera”. En enero de 2002 se formaliza el acuerdo y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social aprueba librar 447.754 euros. En octubre, sin embargo, el administrador solidario comunica a la Junta su renuncia a la subvención porque la empresa se encuentra en venta y no puede garantizar “el destino de los fondos”. El convenio se da de baja, pero en diciembre de 2002 el presidente del nuevo consejo de administración solicita otro convenio idéntico al rechazado con una cantidad calcada. La carta de petición, constata Intervención, no tiene ni destinatario.
Un gigantesca lista de irregularidades
La lista de irregularidades constata la “nulidad de pleno derecho” del convenio. Primero porque se aprobó con cargo a las transferencias de financiación de la Consejería al IFA e IDEA, cuyo objetivo es cubrir pérdidas pero no desviarse a subvenciones. También porque el titular de la Dirección General concedió la ayuda “sin competencia legal”, sin la obligatoria fiscalización del gasto ni seguimiento alguno del mismo, o porque no existen bases reguladoras de la ayuda.
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