El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidades, incluso de carácter penal, si incumplen la suspensión decretada al admitirse a trámite, de forma unánime, el recurso presentado este mismo miércoles por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista.
Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita por el tribunal de garantías, había sido solicitado expresamente por el Gobierno en el texto de su impugnación, en el que se pedía que esta providencia se notificara a un total de 21 altos cargos, apercibiera de las consecuencias de suspensión en sus funciones e incluso penales de ignorar esta decisión y añadiera la prohibición también expresa de que la cámara autonómica pueda emprender iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
En la providencia, dictada tras unas dos horas y media de deliberación, el TC aplica por primera vez el articulo 87.1 de su Ley Orgánica, a demanda de la Abogacía del Estado, y acuerda notificar a cada uno de los cargos mencionados por el Gobierno la resolución advirtiéndoles "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Además, les apercibe de "las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir".
NO MENCIONA SUSPENSIÓN NI DESOBEDIENCIA
No obstante, el tribunal de garantías no acoge todas las peticiones del Gobierno, ya que en su providencia no hace mención a la aplicación por el momento del artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), incluido tras la reciente reforma de esta norma y que incluye la posibilidad de suspender en sus cargos a quienes incumplan sus resoluciones.
Tampoco se menciona en la providencia el delito concreto en el que Forcadell, Mas, y el resto de cargos advertidos podrían incurrir y que el recurso de la Abogacía del Estado concretaba como de desobediencia.
Además el TC da traslado de la demanda al Parlamento de Cataluña, a través de su presidenta Forcadell para que en un plazo de diez días puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.
También pide el "auxilio jurisdiccional" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para "realizar las notificaciones, requirimientos y apercibimientos acordados". El contenido de la providencia será publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña y en el Diario Oficial del Parlamento de Cataluña.
En su escrito, el Gobierno señala que la resolución aprobada con el respaldo de los diputados de Junts pel Sí y la Cup "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
El recurso señala la "manifiesta inconstitucionalidad", entre otros, de los artículos 1.1, 1.2, 1.3, 2 y 9.1, que afectan al núcleo mismo de la Carta Magna. También se suponen vulnerados los artículos de la Constitución 164, que dice que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen "plenos efectos frente a todos"; y el 168, que es el que disciplina el procedimiento de reforma constitucional necesario si se pretende el reconocimiento de la soberanía constituyente del pueblo catalán.
El Gobierno considera igualmente vulnerado el artículo 23 de la Carta Magna, pues se afectan los derechos de los ciudadanos al "modificar de hecho los principios y los procedimientos de la democracia representativa" y al atribuir a esta Cámara la consideración de poder constituyente. En cuanto al anexo, supone una "manifiesta vulneración del sistema de distribución de competencias".
Por lo que se refiere a la lealtad constitucional y el deber de fidelidad a la Constitución, el recurso de la Abogacía del Estado recuerda que ambos son un deber de los parlamentarios y que ello no es contrario a libertad ideológica consagrada en la propia Constitución. Igualmente, la resolución vulnera los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Cataluña, según destacan los servicios jurídicos del Estado.
LOS EXPRESAMENTE "APERCIBIDOS"
Además de los dos antes citados, los notificados son también cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.
La notificación se extiende igualmente a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; a consejero de Salus Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad ; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.
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