La maquinaria administrativa de la Junta de Andalucía, incluidas sus cientos de ramificaciones a lo largo de consejerías, empresas públicas y entes instrumentales, alimenta cada año miles de contratos para cubrir, a través de empresas privadas, sus necesidades de materiales, obras o prestación de servicios. Desde folios para fotocopiadoras o limpieza de edificios hasta construcción de tramos de autovía o el suministro millonario de material sanitario. Pero por las grietas de ese aluvión de expedientes de ofertas y adjudicaciones se suelen colar también las irregularidades, con los juzgados de toda la comunidad (y de España por extensión) como testigos del descontrol y las redes de corrupción que han aflorado en todo el país durante las últimas décadas.
En Andalucía es la Cámara de Cuentas el órgano encargado de supervisar, en la medida de sus posibilidades, que los contratos con dinero público en juego se convoquen, adjudiquen y ejecuten con un escrupuloso respeto a la legislación. Una tarea de fiscalización que detecta, en demasiados casos, atajos sospechosos. En uno de sus últimos informes, publicado hace apenas unas semanas, la Cámara coloca la lupa sobre una muestra de tan sólo 296 de los más de 74.000 contratos formalizados por la Junta de Andalucía durante 2013, el último año sobre el que hay datos cerrados, que en total movilizaron 1.800 millones de euros. Entre sus conclusiones, se detiene en alertar de una práctica común en la Administración: el recurso de forma continuada y casi obsesiva a los contratos menores, que por ley fijan el tope máximo de su cuantía en los 50.000 euros si se trata de obras y en los 18.000 en el resto de los casos. Y en este país de picaresca, quien hizo la ley hizo la trampa.
Aunque el procedimiento es legal, a la Administración le seduce recurrir a los contratos menores porque la normativa permite ahorrarse los principios de publicidad y concurrencia. Traducido: en la mayoría de las ocasiones, puede que sólo conozca el contrato quien a la Administración de turno le interese que sepa de él para acabar adjudicándoselo a dedo, aunque las leyes de Transparencia se esfuercen en enterrar esa práctica.
Llamativo es subraya la Cámara de Cuentas, que el 94,89% de todos los contratos de 2013 los formalizase la Junta bajo ese formato, por un importe de 816 millones que supusieron el 45% de todo lo licitado. De hecho, sólo 3.784 adjudicaciones de las casi 75.000 cerradas ese año superaron el umbral de la contratación menor. La sospecha, y la reprimenda, planea pues sobre la Administración.
Sospechosa fragmentación
Aunque práctica generalizada en todos sus departamentos, la Cámara de Cuentas menciona de forma expresa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) como claro ejemplo del abuso de los contratos menores. El órgano que gestiona las prestaciones sanitarias en la comunidad recurrió a ese formato en el 89,2% de los casos durante el ejercicio de 2013, acaparando el 91% de la cuantía de todo lo adjudicado en esa anualidad.
En ese caso, como también en el del SAE, se alerta de otra práctica: la “utilización predeterminada” del importe máximo de 18.000 euros que autoriza el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Cuando se supera esa cantidad, la táctica es trocearlo en varios expedientes diferentes para dar apariencia de servicios distintos cuando en realidad son el mismo pero dividido en lotes de 18.000 euros a los que tampoco es necesario dar publicidad. Eso, recuerda la Cámara, está prohibido.
Un misterioso desinterés...
¿No había empresas interesadas en 2013, en el peor tramo de la crisis, en lograr contratos de la Administración? Parece que no según los datos de la Cámara de Cuentas, que revelan que en el 55% de los casos la Junta invitó siempre a tres empresas a enviar ofertas pero sólo contestó una, la que curiosamente acabaría siendo la elegida. Aflora de nuevo la sospecha: ¿se invita a empresas ‘fantasma’ porque ya se conoce al ‘ganador’?
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