En declaraciones a EL FARO INFORMACIÓN, Miró comentó que la exclusividad en el tratamiento de los asuntos por parte de una sala específica “simplificaría y facilitaría el trabajo” realizado por los juzgados de instrucción, dada la “dispersión” de competencias que se genera, especialmente en los casos que revisten una mayor complejidad.
En cualquier caso, Miró quiso ser realista al afirmar que un cambio hacia la especialización de los juzgados supondría, en este caso, una modificación de la Ley de Planta que marca la demarcación y competencias de las diversas salas judiciales, un cambio legislativo que ya se hizo necesario para la creación de los juzgados especializados contra la violencia de género.
Miró recordó, al hilo de este asunto, que de los numerosos casos de delitos contra la salud pública que se tramitan en la comarca, una buena parte son resueltos directamente por los propios juzgados de instrucción. En caso de que la pena pudiese superar los tres años, pasan a los juzgados de lo Penal, y en peticiones de condena de más de cinco años, a la Sección VII de la Audiencia.
Organizado
Por su parte, el presidente de Alternativas, Francisco Mena, planteó la posibilidad de que este juzgado específico concentrase los casos no sólo de narcotráfico, sino de todos aquellos asuntos relacionados con redes de crimen organizado, tal y como ya se hace en algunos cuerpos policiales, caso de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Mena, quien aseveró que la federación seguirá manteniendo encuentros con instancias políticas y judiciales para lograr el cambio legislativo que permita esta sala, cree que Cádiz debe ser pionera por englobar el 40% de las incautaciones.
Por último, el presidente de Redes y de la coordinadora comarcal Alternativas manifestó que un juzgado específico “ completaría el diseño del marco en la lucha contra la droga” junto con los cuerpos de seguridad y fiscales especialistas.
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