La Comisión Europea se niega a transferir a la Junta de Andalucía 115 millones de euros incluidos en las partidas de los polémicos fondos Jeremie hasta que la Administración autonómica sea capaz de detallarle en qué ha invertido esas cantidades, que están siendo además investigadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Lo denunció ayer el PP durante el Pleno del Parlamento elevándolo a la categoría de “nuevo escándalo” y el desmentido llegó de boca del mismo consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que defendió a su departamento como “ejemplo de buena gestión” y cargó contra el primer partido de la oposición por hacer “uso torticero y espurio” de un caso judicializado.
El portavoz de los populares, sin embargo, llevaba razón. Según confirmaron ayer a este medio fuentes de la Representación de la Comisión Europea en España, el Ejecutivo comunitario mantiene, efectivamente, congelada esa partida millonaria a la espera de que la Junta “pueda justificar el gasto”, algo que aún no ha hecho pese a serle requerido de forma insistente.
En la documentación a la que ha tenido acceso Andalucía Información, la Comisión Europea confirma de forma explícita que “en la actualidad, todos los pagos de los Fondos Feder [la principal vía de financiación del programa] relacionados con los fondos Jeremie gestionados por [la Agencia] IDEA están interrumpidos”. Esas “deficiencias” e “irregularidades”, como las define Bruselas, le fueron “notificadas” por dos vías: la propia Intervención General de la Junta y la autoridad de auditoría española, lo que motivó la interrupción inmediata de los pagos. El programa, en total, movilizó 265 millones.
La Comisión confirma también que ha mantenido desde entonces “reuniones y contactos a nivel administrativo” con representantes de la Junta en los que le ha exigido“ que se subsanen todas las deficiencias”. De ellos está al tanto el Ministerio de Hacienda como representante de las autoridades nacionales.
La CE distingue entre las “irregularidades” por la no justificación del gasto y el posible “fraude”. En el segundo caso, la oficina europea que lo combate (la OLAF) ya lo puso en su día en conocimiento de la UDEF al entender que es el órgano competente.
Advertencia de reembolso
Bruselas es tajante además en su diagnóstico: si la Justicia española determina que hubo fraude en la gestión de los fondos Jeremie (que debían facilitar la financiación a empresas pero pudieron ir a manos de sociedades que no cumplían los requisitos) se restarán del gasto atribuido a Andalucía “para su reembolso, sin que haya impacto negativo sobre el Presupuesto de la UE
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