El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas por tres contratos irregulares otorgados por el Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red por 355.391 euros.
En un auto, el juez da por terminada la investigación de esta pieza del caso Gürtel (paso previo a la apertura de juicio oral) y procesa a cinco funcionarios del consistorio y a cuatro miembros de la trama mafiosa por supuestos amaños en la adjudicación de eventos de la feria de Fitur de 2004.
En concreto, se investigan tres contratos para el montaje del expositor, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas por un precio total de 355.391 euros.
Por estos hechos, el Tribunal Supremo investiga en una pieza separada a la entonces alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), en su condición de aforada en ese momento.
En el auto, el juez relata cómo las empresas de Correa empezaron a ejecutar los contratos sin que ni siquiera se les hubieran adjudicado formalmente, una adjudicación que se hizo además sin concurso público y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad.
De hecho, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada la feria turística, afirma el juez, que detalla además que el organismo público que los concedió, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC), no tenía competencias para ello.
Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de la feria, lo que demuestra, según el magistrado, que los expedientes "se construyeron" después de Fitur y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".
Entre los procesados figuran el entonces secretario del Ayuntamiento, Manuel Báez, y las dos interventoras, Milagros Pérez y Milagros Abascal, así como el entonces director del IPDC, José Agüera y otra técnico municipal, Lourdes Montenegro.
A los funcionarios se les imputa llevar a cabo los amaños para facilitar la concesión de los contratos y suscribir los expedientes administrativos relativos a ellos, en los que incurrieron, según De la Mata, en "groseras ilegalidades".
Aparte de Correa y Crespo, de la trama mafiosa están procesados Isabel Jordán, que administraba varias empresas de Gürtel e interpuso varias denuncias contra los presuntos cabecillas de la red, así como Javier Nombela.
Según el juez, estos últimos "fueron conscientes de la situación y de los objetivos injustos desde el primer momento", concretamente desde las primeras reuniones que mantuvieron con el periodista Isidro Cuberos, encontrado muerto el pasado 28 de octubre en un barranco junto a su motocicleta.
Según el juez, Cuberos, que fue jefe de prensa de Javier Arenas hasta 2001, medió entre la red Gürtel y el Ayuntamiento y se reunió con los miembros de la trama para definir "todo el plan" que serviría para adjudicar los contratos de manera irregular.
Según el juez, los hechos relatados encajarían en un delito de prevaricación continuada, en tanto que se produjeron actos administrativos "objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales, que ampararon una situación en la que se prescindió total y completamente del procedimiento establecido por ley".
A partir de ahora, las acusaciones disponen de diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa.
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