No hay dos sin tres, de modo que tras Ibersilva y Cash Lepe, el informe del quipo pericial designado por la Intervención General de la Administración del Estado para atender el requerimiento de auxilio jurisdiccional del juzgado sevillano que instruye la causa de los ERE analiza también las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a una tercera empresa onubense, en este caso de la Cuenca Minera, Nature Pack.
Como en los casos anteriores, los peritos cuestionan la legalidad de los 1,2 millones de euros concedidos a esta empresa dedicada a la fabricación de embalajes para alimentos, ubicada en Minas de Riotinto, de 2008 a 2010, y vuelven a poner el acento en una práctica que se repite en los tres expedientes analizados sobre ayudas a empresas onubenses: “La documentación obrante en el expediente analizado carece del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos”.
Además, coinciden en la misma conclusión: “Estas ayudas fueron concedidas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
En el informe, al que ha tenido acceso Viva Huelva, se diferencia entre dos subvenciones para pagos de salarios y otras dos que se ‘vendieron’ como préstamo a la empresa para el abono de nóminas y anticipo de fondos pero que “no consta el reintegro, por lo que su inexistencia la conferiría a dichas ayudas la naturaleza real de subvención, a pesar de su apariencia”.
En concreto, se hace referencia a un primer préstamo para el abono de las nóminas de los 59 trabajadores de la empresa de 449.500 euros, realizado en cuatro pagos a lo largo de 2008, de 74.500 euros dos de ellos y de 124.500 y 176.000 euros los otros dos; un anticipo de 85.500 euros en concepto de fondos reintegrables a 57 trabajadores en abril de 2009; una subvención de 439.051,40 euros para el pago de salarios que se abonó en dos veces en 2009 (323.288,55 euros y 107.762,85); y una cuarta subvención de 274.509,76 euros para el pago de salarios en 2010, de nuevo con un abono fraccionado en dos partes: 205.882,32 euros y 68.627,44. En total, está en duda la legalidad de 1,240.561,16 euros pagados por la Junta a Nature Pack.
En cuanto a las dos subvenciones otorgadas, el equipo de peritos especifica que en la resolución de ambas concesiones por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social -dependiente de la Consejería de Empleo-, se señala que los beneficiarios son los trabajadores de Nature Pack, pero “cabe pensar que la subvención se otorgó a la empresa, ya que el CIF del beneficiario que figura en la resolución corresponde al de Nature Pack Minas de Riotinto SA y la solicitud de ayuda fue presentada por el representante de dicha empresa”.
Además, sobre la resolución de ambas concesiones, alertan de varias “irregularidades e inconsistencias”. Por un lado, se esgrimió que las ayudas se otorgaban en aplicación a diversas normas que son “justamente las normas que la resolución incumple”.
Por otro lado, en las dos resoluciones “se indica que el beneficiario debe acreditar, previamente a que se le conceda la subvención, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo cual es contradictorio, puesto que lo dice cuando ya se le ha concedido en la propia resolución”.
Y por último, el equipo pericial alerta de que “no consta que se haya producido ninguna fiscalización previa”.
Evidencias y conclusiones
Por todo ello, el informe del equipo pericial llega a las siguientes conclusiones: En la concesión de estas ayudas “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho”; la Consejería de Empleo ha concedido estas ayudas “con cargo a un concepto presupuestario inadecuado, por lo que pudiera ser nula de pleno derecho”, de modo que IFA-IDEA estaría “obligada, igualmente por ley, a devolver a la Tesorería de la Junta de Andalucía los fondos no aplicados a esta finalidad”; y el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que concedió estas ayudas no tenía “competencia legal para ello”.
Del mismo modo, el informe del equipo pericial concluye que “las ayudas concedidas en forma de préstamo, de las cuales no consta su devolución, tendrían, de ser así, la naturaleza real de subvención, a pesar de su apariencia”, así como que “los sistemas utilizados por la Consejería de Empleo para determinar tanto el beneficiario elegido como los importes a financiar son totalmente discrecionales”.
Tampoco consta “la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones”, ni “se ha acreditado el carácter excepcional de las ayudas concedidas”. De hecho, advierten que “han sido concedidas por la Junta ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años”.
El informe pericial añade, igualmente, que “no consta la solicitud formal de las ayudas por parte del beneficiario en la dos primeras ayudas” ni “la resolución motivada de concesión de las dos primeras ayudas concedidas, ni los requisitos exigidos a los beneficiarios”. Por último, no existe constancia de que desde la consejería “se realizara ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedidas”, ni tampoco existe en todo el expediente “ninguna documentación que muestra el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones”.
Unas ayudas conocidas
No es la primera vez que Nature Pack sale salpicada en la investigación de esta macrocausa.  Ya en 2012 la entonces jueza titular de la instrucción, Mercedes Alaya, reclamó en un auto a la Junta que remitiera al juzgado la documentación referente a las ayudas concedidas a esta empresa de la Cuenca Minera, una de las comarcas más deprimidas de la provincia.
Precisamente, el objetivo de esta empresa era contribuir a la diversificación de la zona minera, pero fracasó en el intento, de ahí que la Administración andaluza entrara en escena como mediadora.
Nature Pack copó en las fechas de estas ayudas ahora en entredicho gran espacio en los medios de comunicación, pues sus trabajadores protagonizaron protestas, encierros y hasta una huelga de hambre para denunciar los continuos impagos y la situación de incertidumbre que atravesaban.
De hecho, parte de estas ayudas fueron anunciadas por la propia Junta de Andalucía. De hecho, el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, también imputado en el caso ERE, respondía en el Parlamento andaluz a una pregunta de la popular Loles López en diciembre de 2009 afirmando que la Junta ya había destinado un total de 965.500 euros desde julio de 2008, a través de la Agencia IDEA, para salvaguardar los 57 empleos y para tapar “boquetes de muy malos empresarios”.
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