Continúa la investigación de la pieza separada del ‘caso Gürtel’ por la adjudicación del estand del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez.
Hasta la fecha, en la fase de la instrucción desarrollada en la Audiencia Nacional, se ha llamado a declarar a cinco técnicos municipales y se está a la espera de que una vez constituidas las nuevas Cortes Generales, decidan sobre la solicitud de imputación efectuada por el magistrado de la Mata sobre la exalcaldesa María José García-Pelayo. Una petición realizada en una exposición razonada que recientemente ha sido refrendada por el Tribunal Supremo, al fundamentarse los motivos que, según el magistrado y el Supremo, “no dejan margen para la duda en lo que respecta a la participación directa de García-Pelayo en las presuntas ilegalidades cometidas en la adjudicación de los contratos”. En este sentido, las últimas declaraciones en calidad de imputadas han sido las de las dos interventoras municipales del tiempo de los hechos.
Así, el interrogatorio del pasado lunes ante el magistrado de la Mata centró sus preguntas en el procedimiento interno presupuestario, económico y contable, sin entrar en el fondo del asunto de las contrataciones investigadas, ya que las funciones de la intervención municipal de los ayuntamientos no incluyen ninguna participación en los procesos de contratación efectuados por procedimientos negociados sin publicidad. Por tanto, no entran en las invitaciones a las empresas, ni en su selección, ni en la conformación de estos expedientes de contratación.
En consecuencia, según fuentes del caso, las preguntas no iban orientadas a conocer si el procedimiento de contratación había sido conforme a derecho o no, aspecto fundamental que por los autos judiciales, ya parece el magistrado tiene claro, tal como detalló en su exposición razonada respecto a las irregularidades detectadas de contratación y la participación de la exalcaldesa.
Cabe recordar que la entonces interventora municipal emitió un informe advirtiendo sobre las normas que se deberían cumplir y sobre la competencia del Consejo Rector del IPDC. De hecho, este informe es citado por el magistrado de la Mata en sus autos, por lo que el lunes no hubo preguntas sobre la conformidad a la norma de la tramitación del expediente de contratación, al estar claro en la instrucción que los contratos se efectuaron contradiciendo el informe de la referida interventora municipal.
Según fuentes jurídicas, si García-Pelayo hubiera hecho caso a las advertencias del informe de la Interventora Municipal, “no habría caso Gürtel en Jerez”.
Una vez las interventoras han dado luz con sus declaraciones ante el magistrado de la Mata sobre los procedimientos internos presupuestarios y contables, que no tienen nada que ver con los expedientes de contratación, queda esperar si la instrucción seguirá con la inclusión de más declaraciones de testigos o imputados, o si ya el magistrado de la Mata decidirá cerrarla, resolviendo sobre cuáles imputados sobresee el archivo y sobre cuáles entiende ha de iniciarse el proceso judicial.
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