Desde el colectivo de auxiliares técnicos educativos de la provincia han puesto en conocimiento de la opinión pública un presunto caso de agravio desde la Consejería de Educación.
Este colectivo está formado por más de 170 trabajadores contratados por empresas privadas por una adjudicación del ISE (Agencia Pública de Educación y Formación), y realiza funciones de monitor de Educación Especial, atendiendo a alumnos con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de la provincia. Desde hace más de diez años viene sufriendo unas condiciones laborales “lamentables” que creen que no están en sintonía con la importante labor social y educativa que desempeñan en beneficio de los menores que más lo necesitan.
“Esta precariedad laboral se ha agudizado en los últimos años; cada dos años sacan a concurso público los puestos y las empresas privadas pujan a la baja por los servicios, es decir, el que menos dinero presupueste con mayores servicios es el que gana”, apunta el colectivo.
“La consecuencia sería no solo una merma de las condiciones salariales, sino un tráfico ilegal de trabajadores. Además en este curso hemos visto cómo algunos centros han desaparecido del pliego de condiciones, aunque en dichos centros siga existiendo la necesidad del servicio. Otros compañeros han visto reducida su jornada laboral e incluso han sido trasladados a centros lejanos de su vivienda, y con lo que el poco salario que cobran no les cubre ni la gasolina. Pero siguen trabajando porque es lo que llevan haciendo durante muchos años y porque ahora la Junta de Andalucía no nos va a doblegar. Actualmente el colectivo se encuentra dividido en dos empresas, ya que la licitación no pudo otorgarse por un defecto administrativo y como medida de urgencia ante el inminente inicio del curso, se decidió que fueran dos empresas que cogieran el servicio. Estas empresas incumplen de manera tácita el décimo cuarto convenio colectivo general de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, establecido en la licitación que el ente público sacó a concurso. ¿Cómo? No pagando salarios en base a categoría profesional, contratándonos como trabajadores en centros asistenciales, cuando claramente prestamos nuestros servicios en centros docentes públicos. Además cada trabajador tiene una base salarial y una categoría profesional distinta dependiendo para qué empresa trabaje. A esto hay que sumarle los recortes en los periodos de vacaciones, incumplimiento del periodo obligatorio de contratación, consideración de jornada parcial en lugar de jornada completa y cuando llega junio nos echan a la cola del paro”.
El colectivo está formado por una mayoría de mujeres y en un alto porcentaje son personas con discapacidad, integrado por maestros, trabajadores sociales, auxiliares socio sanitarios, técnicos en Integración Social..., es decir, un grupo de profesionales al que le avala formación, cualificación y muchos años de experiencia en el puesto. No obstante en el último pliego sacado por el ISE se pide la titulación de Técnico en Integración Social o la acreditación, procedimiento al cual no tienen acceso puesto que en el último sacaron 300 plazas cuando en toda Andalucía son más de 800 trabajadores.
El resultado de todo ello es un sentimiento general de indignación y malestar en el colectivo de trabajadores, sintiéndose totalmente discriminado frente al personal laboral, con el que comparte centro de trabajo, alumnado y horario. Por eso piden que la Junta de Andalucía regularice su situación laboral y equipare al colectivo con aquellos trabajadores que realizan las mismas funciones en centros educativos públicos. Reclama ser considerados personal laboral del Gobierno autonómico.
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