El secretario General del PP-Cádiz, Antonio Saldaña, reunía el pasado lunes a las puertas de la Mancomunidad a su equipo en la Sierra junto al alcalde de Prado del Rey, José Ramón Becerra, para exigir al presidente socialista de la entidad comarcal, Juan Nieto, que aplique la sentencia que ha dictado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rechaza la reforma de los estatutos aprobada y obliga a un nuevo proceso ya sin errores de forma y de fondo, según el tribunal. Por ello, Saldaña entregó personalmente la sentencia a título simbólico en las oficinas de la Mancomunidad, en la calle Alameda de Villamartín.
El dirigente popular ha expresado el “respaldo absoluto” de la Dirección provincial del PP de Cádiz al alcalde de Prado del Rey y a los populares de la Sierra ante las presiones del PSOE en la Mancomunidad, denunciando “unas actitudes más propias de la mafia siciliana” y criticando que los socialistas “intenten convertir la Mancomunidad en su cortijo”.
Saldaña ha incidido en que la sentencia del TSJA deja claro que “el PSOE no ha hecho las cosas bien ni conforme a la Ley” al no haberse escuchado la voz de los ayuntamientos, entre ellos, el de Prado del Rey, y recuerda que, según la sentencia, los estatutos son “nulos”, por lo que sostiene que “la propia conformación del ente mancomunado y sus acuerdos adolecen de esa nulidad de pleno derecho”.
Asimismo, reprocha a los socialistas que pretendan amedrantar la voluntad del alcalde popular que “lo único que ha hecho es defender los intereses de su pueblo” y les recuerda que una mancomunidad de municipio es “una asociación libre de municipios” y “no pueden obligar a nadie a que comulgue con ruedas de molino como intenta el PSOE saltándose la Ley e intentando imponer unas condiciones”.
A su juicio, “hoy lo más rancio, lo más antiguo, lo más viejo y lo más pasado de moda son las formas y las maneras de actuar del PSOE, creyéndose que la Mancomunidad es su cortijo”.
Saldaña insiste en criticar la actitud del PSOE en la Mancomunidad y de su presidente Juan Nieto por amenazar al alcalde de Prado del Rey con “aislar a su pueblo, con que no van a dar dinero al pueblo y que van a hacer y deshacer con el dinero que le corresponde a Prado del Rey lo que ellos consideran más oportuno; y eso no es democracia ni es propio de una institución ni de un partido político”.
“El PP va estar siempre al lado de la legalidad y vamos a defender al alcalde de Prado del Rey y a nuestros compañeros de la Sierra ante todas las amenazas del señor Juan Nieto, que no se crea que está por encima de la Ley porque no lo está”, agrega.
El secretario general del PP de Cádiz recuerda que el PP ha trabajado por la transparencia en la Mancomunidad de la Sierra e insiste en exigir, como ya se ha pedido con anterioridad, una auditoría de la deuda, una auditoría de personal y una auditoría de gestión.
Saldaña incide en que “en Andalucía y en la provincia, lo más rancio, lo más viejo y lo más antiguo tiene un nombre: Partido Socialista Obrero Español”.
El PP sostiene que la reforma de los estatutos se llevó a cabo a espaldas de los municipios, asunto que fue judicializado por el alcalde de Prado del Rey, pero sobre todo el PP ha puesto el acento en lo que considera “la falta de transparencia” del presidente de la Mancomunidad serrana a la hora de informar sobre su propia gestión a los ayuntamientos que la componen. De ahí, el PP se pregunta cuándo se presentarán las cuentas de la gestión de la empresa pública Aguas Sierra de Cádiz en el municipio pradense, o para cuándo la auditoría de gestión que viene reclamando la oposición desde hace años. Saldaña ha llegado a decir que Juan Nieto utiliza la Mancomunidad como “su propio cortijo”.
El alcalde de Prado del Rey también se ha mostrado muy afectado con la situación y ha arremetido contra el presidente, del que ha dicho que sólo le preocupa el sillón y las retribuciones que percibe por el cargo.
La sentencia del TSJA es firme y no cabe recurso contra ella. En suma, según el PP, viene a decir que se ha actuado de forma fraudulenta, de ahí que también venga a anular los acuerdos que se hayan adoptado tras la reforma de los estatutos.
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