El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, presentó ayer el balance de los resultados de la Oficina del Programa en Defensa de la Vivienda en la provincia de Jaén que, desde el mes de octubre de 2012, ha tramitado un total de 731 expedientes. El mayor volumen de estos corresponde al año 2013, con 345 expedientes abiertos, lo que supone un 47% del total. En 2014 la cifra baja a los 249 (34%) hasta llegar al 2015, cuando el número ha descendido considerablemente, situándose su tramitación en el nivel de intermediación, en concreto, en la negociación para la aplicación del Código de Buenas Prácticas con las entidades financieras, que representan 40 expedientes de un total de 78.
En relación a los expedientes por municipios, el delegado indicó que Jaén (33,6%), Linares (11,6%) y Andújar (9%) copan cerca de la mitad de los casos tramitados durante estos últimos tres años.
El delegado también resaltó que en el 70% de los expedientes se ha negociado y conseguido la reestructuración de la deuda hipotecaria, ya sea dentro del Código de Buenas Prácticas, si el acreedor cumple con los requisitos, o fuera del mismo. “En definitiva, nuestra labor se centra en conseguir unas condiciones de préstamos que permitan afrontar el pago y que las familias puedan permanecer en sus viviendas”, subrayó Valdivielso, quien adelantó que “ya se está trabajando para potenciar esta Oficina y dotarla de una mayor cuerpo jurídico para no limitarse a ser sólo tramitadora de información”.
Valdivielso explicó que “el primer objetivo es conseguir que el titular de la vivienda no pierda la propiedad de la misma, y cuando esto no es posible se negocia la dación en pago con condonación de deuda, con o sin alquiler social”. En este sentido se han negociado 69 daciones en pago, de las que han sido resueltas favorablemente un total de 58 (84%).
El delegado también resaltó que, desde la puesta en marcha de la Oficina del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda en Jaén, no se ha llevado a cabo ningún lanzamiento sobre viviendas incursas en procedimientos de ejecución hipotecaria. “Se ha negociado la paralización o suspensión del lanzamiento en aplicación de los previsto en la normativa hasta los cuatro años”, indicó.
En el nivel de protección, la Oficina ha tramitado 80 casos, de los que 58 (66%) son familias que han padecido un desahucio por impago de alquiler. Y, según Valdivielso, hasta la fecha se le ha procurado una vivienda alternativa a 18 familias”, dijo.
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