El Gobierno central y el de la Junta de Andalucía encontraron ayer una nueva vía para el enfrentamiento en materia financiera. De espaldas durante toda la legislatura de Mariano Rajoy por el cálculo de las cantidades transferidas desde Madrid, y más tras el verano por la ya famosa regla de gasto, la polémica sumó ayer otro argumento más al alertar el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de que “desgraciadamente” el Gobierno de Susana Díaz aún no ha remitido “el Plan Económico y Financiero (PEF) que tenía que haber hecho”. Es, denunció el número dos del ministerio, “una de las pocas comunidades” que aún no ha cumplido con esa obligación legal.
Sólo unas horas después llegaba la réplica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que exigió al departamento que dirige Cristóbal Montoro que aclare la acusación y puntualizó que el documento se envió el pasado día 2 al Ministerio de Hacienda y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Remitido o no el informe, la reacción estaba justificada porque, como se encargó de añadir el propio Beteta, “es muy probable que en próximas fechas la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos quiera contribuir con unas cifras adicionales, que permitirían avanzar aún más en el plan de pago a proveedores”. Y sin el documento en Madrid, Andalucía “no podrá recibir estas cantidades adicionales”.
El secretario de Estado incluso subrayó ayer que su personal técnico está “en permanente contacto con la Junta con el objeto de que se pueda subsanar este asunto” porque es “de máximo interés que puedan percibir estas cantidades para que los retrasos en los pagos a proveedores se subsanen”. Acto seguido, reiteró el argumento defendido por el PP durante los últimos meses: la región ha recibido durante la legislatura 28.212 millones de euros, una cifra que considera, sin disimulos, “prodigiosa”.
La Junta no disimuló su indignación y acusó al PP de “no saber ya qué inventar para justificar un nuevo castigo a Andalucía, incluso con algo que es demostrable”.
El Gobierno central no había abierto la boca desde que la Junta aprobó, la pasada semana, el Presupuesto con su propia regla de gasto, que le permite usar hasta 300 millones más de lo autorizado.La Junta tiene ahora más motivos para acusar a Madrid de castigar a Andalucía desde que gobierna Rajoy. Entre otros agravios, alega que se han dejado de recibir más de 4.000 millones en 4 años.
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