Un total de cinco testigos han comparecido este martes ante la juez María Núñez Bolaños en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, tratándose de las primeras declaraciones que se practican en la causa después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara por unanimidad el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que se apartó a la juez Mercedes Alaya de la investigación.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, a lo largo de la mañana de este martes, han comparecido ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla cinco de los seis testigos que habían sido citados a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, algunos de los cuales eran trabajadores de IFA/IDEA y otros de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
La instructora citó a declarar a estos testigos por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla, que aceptó el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya denegó dicha prueba.
La Sección Séptima de la Audiencia acordó la toma de declaración de estos testigos al entender que "se revelan como pertinentes atendidas las razones expuestas" por el Ministerio Público y "no desdichas por la instructora --que en ese momento era Alaya--, que ninguna razón da para su rechazo", según el auto consultado por Europa Press.
Así, el Tribunal argumenta que "son personas que ya han declarado" ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "y sus manifestaciones pueden ser de utilidad 'para poder delimitar la participación en los hechos de imputados en la causa, en particular de aquellos que han pertenecido" a IFA/IDEA'".
Las mismas fuentes han indicado que la juez ha rechazado varias preguntas del abogado de la exasesora de Empleo María José Rofa, que pretendía demostrar con las mismas que su patrocinada no ejercía como "mano derecha" del ex director general de Trabajo Juan Márquez, tal y como asegura una testigo.
El letrado tenía previstas un centenar de preguntas, pero, tras formular varias, la instructora las ha rechazado por considerarlas impertinentes después de que preguntase por la relación de amistad de una testigo con el propio Márquez, al conocerse ambos por ser vecinos de Lucena del Puerto (Huelva). El objetivo del letrado, además, era demostrar que su cliente "hacía lo mismo y tenía la misma labor que otros compañeros que comparecen ahora como testigos".
La magistrada ha citado a declarar este miércoles al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, mientras que ha suspendido 'sine die' las comparecencias de los ex interventores generales de la Junta Manuel Gómez Martínez --como imputado-- y Rocío Marcos Ortiz --como testigo-- porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el Tribunal Supremo remita antes testimonio de la declaración que Manuel Gómez prestó ante el Alto Tribunal en la causa seguida contra los aforados.
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