Médicos de Jerez protagonizaron este lunes una concentración silenciosa ante las agresiones “físicas” y “verbales” registradas estas últimas semanas en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz y especialmente en el centro de salud de La Serrana.
En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Sindicato Médico, Pedro Calderón de la Barca, vinculó estos hechos a los “recortes” aplicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, sobre todo, a la falta de personal como producto de la no sustitución de las bajas.
Aunque esta circunstancia “no justifica” en ningún modo determinadas actitudes violentas, a juicio de Pedro Calderón de la Barca sí se convierten en un “caldo de cultivo” para que aquellas personas “menos comprensivas” insulten, falten el respeto o incluso agredan físicamente a los profesionales que les atienden.
En cualquier caso, el portavoz del Sindicato Médico ha dejó claro que “la mayoría” de los usuarios de los centros de salud entiende la situación con la que conviven los profesionales y “se comporta perfectamente”.
Calderón de la Barca demandó la adopción de medidas de seguridad activa y pasiva, como la incorporación a los centros de salud de vigilantes jurados o la colocación de cámaras de vigilancia, unas herramientas que pueden contribuir a persuadir a los usuarios más proclives a ejercer violencia física y verbal.
El Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz expresó también su “rechazo absoluto” a cualquier episodio de violencia que se produzca en sus centros sanitarios, al tiempo que mostró “su total solidaridad y respaldo” a los profesionales que alguna vez “hayan sufrido esta lacra”.
Prueba de ello es que el director gerente del área, Manuel Lubián, participó en esta protesta promovida por los propios profesionales de la sanidad.
El SAS recordó a través de un comunicado que cuenta con un Plan de Prevención de Agresiones con el que la Comunidad autónoma fue pionera en este ámbito, una muestra de la apuesta decidida por velar por la seguridad de los profesionales de los centros asistenciales.
Este protocolo incluye asistencia sanitaria y jurídica, así como apoyo psicológico, ante un episodio de violencia.
En el caso del centro de salud de La Serrana, desde 2013 se han producido cinco activaciones de este protocolo, el último la pasada semana, ante los insultos y amenazas que recibió una profesional en el ejercicio de su labor por parte de un usuario, que fue denunciado por los servicios jurídicos del SAS.
En este sentido, la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas que oscilan entre uno y tres años de prisión.
Tanto el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz como la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales condenan cualquier tipo de violencia, advirtiendo de que “bajo ningún concepto o circunstancia” pueden justificarse estas actuaciones ni buscar un culpable “que no sea aquel que lanza el insulto, la amenaza o comete la agresión física”.
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