El PP-A reclamará esta semana a la Junta en el pleno del Parlamento que los presupuestos de 2016 detallen el reparto territorial de las inversiones de cada una de las provincias andaluzas y de todas las consejerías y sus entidades instrumentales para posibilitar su seguimiento y evaluación.
La demanda del principal partido de la oposición, recogida en una proposición no de ley, se debatirá este jueves, seis días después de que el proyecto de presupuestos pactados entre el PSOE y Ciudadanos haya llegado a la Cámara para su tramitación.
El PP, que viene planteando esta petición desde hace varios años sin haberlo conseguido, justifica la solicitud en el artículo 190.7 del Estatuto de Autonomía que recoge: "La ley del presupuesto establecerá anualmente instrumentos orientados a corregir los desequilibrios territoriales y nivelar los servicios e infraestructuras".
También esgrime que la ley de Hacienda Pública de la Junta establece que los gastos de inversión "se clasificarán territorialmente", por lo que el PP sostiene que la provincialización de las inversiones previstas en el presupuesto supone, por tanto, el cumplimiento de disposiciones legales del "más alto rango" en la comunidad.
Los populares avisan en la iniciativa que la no provincialización de inversiones significará la "vulneración" del derecho a la información de los andaluces, que "no podrán" conocer las inversiones de cada provincia y de los diputados que los representan.
Este partido cree, además, que imposibilitará hacer un seguimiento de su grado de cumplimiento posterior, lo que supondrá una "merma" de la transparencia y la calidad democrática de las instituciones.
La exigencia es casi recurrente en cada presupuesto de la Junta hasta el punto de que el PP llevó a los tribunales la negativa del Gobierno andaluz a provincializar las cuentas de 2014.
En aquella ocasión la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA declaró la "inadmisibilidad" del recurso presentado por el PP contra la decisión de la Mesa del Parlamento autonómico de tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos sin el anexo de las inversiones correspondientes a cada provincia.
El TSJA argumentó que la iniciativa legislativa "no es susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa" sino, en su caso, ante el Constitucional, tribunal al que los populares pidieron amparo.
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