La Junta sacó pecho el miércoles por partida doble tras el visto bueno al anteproyecto de ley de los Presupuestos de Andalucía para 2016, un texto alumbrado gracias al apoyo decisivo de Ciudadanos y que hoy mismo entrará en el Registro del Parlamento. Lo hizo por el balance triunfal que cree que emana de sus líneas maestras -más inversión, refuerzo a las partidas sociales, previsión optimista de creación de empleo y las rebajas fiscales impuestas por el grupo de Marín- pero también porque desde la Consejería de Hacienda se interpreta como una pequeña gran victoria el quiebro con el que ha regateado la ya polémica regla de gasto impuesta desde Madrid. Y eso, en la guerra soterrada entre gobiernos de tan opuesto signo, tiene su peso.
La Administración andaluza se ha apuntado un tanto aun a riesgo de abrir una nueva trinchera contra el Gobierno central. La financiación adicional para el próximo año de 1.700 millones anunciada en su día por Rajoy en Sevilla fue rebajada luego por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se encargó de recordar que a gasto real sólo podrían destinarse poco más de 500 porque la Junta debía cumplir con esa cantidad con la reducción del déficit y el pago de la deuda acumulada. La consejera Montoro se negó y remitió a Madrid una propuesta que negaba la mayor y sugería utilizar fondos por encima de ese umbral. Dicho y hecho, el Presupuesto toma de esa partida 875 millones, unos 300 por encima de los límites acordados en su día en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera siguiendo criterios de Bruselas.
¿Y la reacción del Gobierno central y del PP? La Junta justificó el miércoles su decisión en que nadie desde Madrid ha contestado a su sugerencia, por lo que se acoge al silencio administrativo y además no espera recursos. Fuentes del PP a nivel nacional confirmaron ayer a Viva que la decisión unilateral de la Junta no ha sentado bien en el Ministerio porque implica romper la baraja con una metodología paralela en algo tan sensible como unos Presupuestos. Sin embargo, salvo viraje de última hora y contraorden desde esferas más altas, no habrá respuesta contundente.
El Gobierno, aseguran las mismas fuentes, quiere evitar que la Junta utilice un posible recurso estatal a sus cuentas como munición preelectoral. Si Montoro se opone a esos cálculos, intuye el partido que sustenta al Ejecutivo nacional, Andalucía dispondría de un argumento más para levantar la bandera de la asfixia financiera. Y eso, con una previsión electoral nada halagüeña para el PP el 20-D, podría enterrar sus opciones.
La Junta, por su parte, despliega sus propios argumentos. En las últimas semanas se ha aferrado a la falta de respuesta de Montoro y ha insistido en que antepone “la inversión en personas a pagar la deuda” con los bancos. Además de ver un castigo en la regla de gasto, insiste en que ha perdido 4.156 millones con el sistema de financiación desde 2009 pese a un esfuerzo de 4.400 millones para frenar el déficit.
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