Izquierda Unida resalta que la apertura de cinco expedientes sancionadores contra Aqualia aprobado en el último Pleno, no es más que “la confirmación de que IU tenía razón respecto a las denuncias que desde años viene haciendo respecto al cúmulo de irregularidades en el servicio que presta la multinacional, así como también a la actuación de presunta colaboración por acción u omisión del PSOE y de C´S en las mismas”.
Valora que la reducción de la plantilla recogida en el pliego de condiciones de la concesión, inversiones comprometidas que no justifican ni en el alcance de las obras ni en la cuantía, la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado, imbornales, etc, y, por último, el presunto fraude en el cobro ilegal en los recibos del agua por valor de alrededor de 1 millón de euros, son las causas por la que se abren los expedientes sancionadores.
Recalca que la reducción de plantilla, además, de provocar un peor servicio, originó un aumento ilegal en el beneficio para Aqualia. Las obras comprometidas y no realizadas implican un intento de “engañar a los sanluqueños. La falta limpieza en la red de alcantarillado durante los años 2012, 2013, 2014 presuntamente puede ser la causa de los distintos episodios de inundaciones que se produjeron durante esos años que ocasionaron graves daños a muchos sanluqueños. La indemnización que se debe exigir a Aqualia es obvia. El cobro ilegal en los recibos del agua es un presunto fraude a miles de sanluqueños al cobrarles tasas por un calibre que no tenían en sus contadores y a todos los sanluqueños al subirles los conceptos fijos de la factura por encima del 85% del IPC correspondiente, tal como recoge la normativa de la concesión, obteniendo Aqualia un enriquecimiento ilícito de 1 millón de euros, que como se entenderá no se puede cerrar sólo con una mera sanción administrativa”.
Estos hechos, denunciados desde 2012 por IU, son de una demostración inmediata y de una gravedad que no solo se debe zanjar por una sanción administrativa, que en el mejor de los casos, será de un total de 150.000 euros. Para IU, la gravedad de los hechos justifica que una vez tramitados los expedientes sancionadores, se proceda de inmediato al rescate del servicio sin coste para la ciudad, sin olvidar la exigencia de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados".
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